Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación

BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51909 MINISTERIO DE VIVIENDA 20751 REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. La política de vivienda en España a finales del año 2008 está marcada por dos grandes frentes de atención; por un lado, por las todavía graves dificultades de acceso a la vivienda de una parte muy importante de la población, como resultado del largo período de alzas de precios de la vivienda (1996-2007) muy por encima de la inflación y, en consecuencia, por encima de la evolución de los salarios; y, por otro lado, por un severo escenario económico y financiero, una de cuyas manifestaciones más evidentes está siendo la retracción tanto de la demanda como de la oferta de viviendas. En este complejo marco de requerimientos, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el período 2009-2012, ha partido de un análisis riguroso de la situación de necesidad de vivienda de la población española, insertando este estudio en la particular situación del sector de la...
...vivienda, en relación con el sector financiero y el global
de la edificación.
Ante esta realidad, el Plan quiere poner de relieve que
uno de los retos más sensibles de la sociedad actual es
velar por la sostenibilidad y eficiencia de toda actividad
económica y que, por lo tanto, debe optimizarse el uso de
la producción ya existente de viviendas a la hora de atender
las necesidades sociales de la población, pero, simultáneamente,
no quiere olvidar que el primer cometido de
toda política de vivienda es asegurar una producción suficiente
de viviendas para las necesidades de alojamiento
de la población, y que por ello deben establecerse actuaciones
tendentes a evitar estrangulamientos de oferta a
medio y largo plazo en el sector.
En relación con la rehabilitación urbana, se asumen
las recomendaciones establecidas en la Carta de Leipzig
sobre Ciudades Europeas Sostenibles (aprobada con ocasión
de la Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo
Urbano y Cohesión Territorial celebrada en Leipzig el 24/25
de mayo de 2007), y en la Resolución del Parlamento
Europeo «El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE
y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción
europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial
», aprobada el 21 de febrero de 2008, en las que se
recomienda hacer un mayor uso de los enfoques relacionados
con una política integrada de desarrollo urbano y
prestar especial atención a los barrios vulnerables o desfavorecidos
dentro del contexto global de la ciudad.
También es deseable que las actuaciones de rehabilitación
urbana integrada descansen y sean respaldadas
por un proceso de participación y concertación social y
ciudadana en la determinación de los objetivos y en las
acciones estratégicas, así como en el seguimiento y la
gestión de las mismas.
Conforme a ello, el Plan nace con una doble voluntad
estratégica: Desde un punto de vista estructural, establece
unas bases estables de referencia a largo plazo de los instrumentos
de política de vivienda dirigidos a mejorar el
acceso y uso de la vivienda a los ciudadanos con dificultades.
Desde un punto de vista coyuntural, aborda, a diferencia
de otros planes de vivienda, la realidad concreta en
la que se halla inmerso el ciclo de la vivienda, que, por un
lado, exige medidas coyunturales decididas para evitar
un mayor deterioro de la situación, pero por otro, brinda
la oportunidad de lograr una asignación eficiente de los
recursos destinando la producción sobrante de viviendas
a cubrir las necesidades de la población.
El diseño de los planes de vivienda de alcance estatal
sólo puede concebirse hoy a partir de un diálogo fructífero
entre comunidades autónomas y gobierno del Estado,
compartiendo objetivos y responsabilidad. El reconocimiento
de la diversidad territorial y la ductilidad de los
instrumentos generales o de su procedimiento de aplicación
para adaptarse a los que las comunidades autónomas
han ido estableciendo, constituyen dos principios
orientadores de la normativa estatal, para asegurar la
máxima eficacia social de las políticas de vivienda en
cada comunidad y por tanto en el conjunto del territorio
del Estado.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012,
consciente de esta situación, ha sido diseñado y elaborado
en intensa colaboración entre el Ministerio de Vivienda, las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a
partir de un debate sobre la determinación de cuáles
deben ser los parámetros que garanticen la igualdad de
oportunidades efectiva de todos los ciudadanos ante la
vivienda, adecuando los medios a las diferentes realidades
existentes en el Estado. También, sobre la forma de
gestión interna del propio Plan que permita la máxima
flexibilidad entre actuaciones, con el fin de que los objetivos
fijados por cada comunidad puedan cubrirse de
forma ágil en el tiempo.
Desde la perspectiva de la demanda, el Plan Estatal
aborda las condiciones de accesibilidad de los hogares
españoles a la vivienda, es decir, la relación entre precios
de mercado –de alquiler y de compra– y la capacidad económica
de los hogares, para asegurar las estrategias e
instrumentos adecuados al fin social de toda política de
vivienda, reconocido en la Constitución Española, que es
crear las condiciones para hacer efectivo el derecho a la
vivienda de toda la población.
Por el lado de la oferta el Plan se hace eco, tras un
largo período en el que los volúmenes de producción de
viviendas han estado muy por encima de las estrictas
necesidades de alojamiento de la población, que hoy se
produce un doble fenómeno: de acumulación de viviendas
ya acabadas o en curso de construcción con dificultades
de comercialización por retraimiento de la demanda,
y el freno drástico de la nueva producción de viviendas.
De cara a fijar sus líneas estructurales, el Plan se plantea
una serie de objetivos políticos de primera magnitud:
1. Garantizar a todas las familias y ciudadanos la
libertad de elegir el modelo de acceso a la vivienda que
mejor se adapte a sus circunstancias, preferencias, necesidades
o capacidad económica, estableciendo que el
alquiler sea posible para los mismos niveles de renta que
los definidos para el acceso a la propiedad.
2. Lograr que el esfuerzo de las familias para acceder
a una vivienda no supere la tercera parte de sus ingresos.
3. Facilitar que la vivienda protegida se pueda obtener
tanto por nueva promoción, como por rehabilitación
del parque existente, permitiendo la calificación como
vivienda protegida de aquella que está desocupada y
tiene un régimen jurídico de origen libre, o fomentando la
rehabilitación de viviendas existentes con voluntad de
destinarlas a vivienda protegida.
4. Conseguir que del total de actuaciones relacionadas
con la oferta de vivienda protegida –de nueva producción,
o de reconversión del parque existente– no menos
del 40 por ciento sea destinada al alquiler.
5. Establecer las condiciones que garanticen a los
ciudadanos el acceso a la vivienda en condiciones de
igualdad, impulsando la creación de registros públicos de
demandantes de vivienda acogida a algún régimen de
protección pública y que toda la producción de viviendas
protegidas sea adjudicada con criterios de transparencia,
publicidad y concurrencia, controlados por la administración
pública.
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6. Mantener un régimen jurídico de la protección
pública de las viviendas (y, por lo tanto, de control de precios
y adjudicaciones), de larga duración, que, en el caso
de los suelos públicos o de reserva obligatoria para
vivienda de protección que exige el texto refundido de la
Ley del Suelo, y las diversas leyes que en su caso han
establecido las comunidades autónomas, será permanente
y estará vinculado a la calificación del suelo, con un
plazo no menor de treinta años.
7. Alentar la participación e implicación de los ayuntamientos
en el Plan de Vivienda, contribuyendo, entre
otros aspectos, con la oferta de suelos dotacionales para
la construcción de alojamientos `para colectivos específicos
y especialmente vulnerables, el fomento de áreas de
rehabilitación y de renovación urbana, y la potenciación
de las actuaciones prioritarias de urbanización de suelo
con destino a la construcción preferente de viviendas protegidas
en alquiler.
8. Reforzar la actividad de rehabilitación y mejora
del parque de viviendas ya construido, singularmente en
aquellas zonas que presentan mayores elementos de
debilidad, como son los centros históricos, los barrios y
centros degradados o con edificios afectados por problemas
estructurales, los núcleos de población en el medio
rural, y contribuir, con las demás administraciones, a la
erradicación de la infravivienda y el chabolismo.
9. Orientar todas las intervenciones tanto en la construcción
de nuevas viviendas protegidas como en actuaciones
de rehabilitación sobre el parque de viviendas
construido hacia la mejora de su eficiencia energética y
de sus condiciones de accesibilidad.
10. Garantizar que la atención pormenorizada a los
ciudadanos en su relación con el acceso o la rehabilitación
de sus viviendas se haga extensiva a todos los rincones
del territorio, mediante el establecimiento de oficinas
o ventanillas de información y de ayuda en la gestión,
coordinadas por las comunidades autónomas.
Con objeto de impulsar el Plan RENOVE de edificios y
viviendas y procurar una mayor agilidad en su gestión, en
coordinación con los objetivos que en el mismo marco
desarrolla el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
se incluyen en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 las ayudas de este Plan destinadas a la utilización
de energías renovables, la mejora de la eficiencia
energética y accesibilidad de los edificios existentes y al
impulso de una mayor calificación energética en las nuevas
construcciones.
Los ejes que el Plan desarrolla en programas, de cara
a estos objetivos son: 1) La promoción de viviendas protegidas
para compra, uso propio o destinadas al alquiler,
también con opción de compra, y la promoción de alojamientos
para colectivos específicos o especialmente vulnerables.
2) Las ayudas a los demandantes de vivienda. 3)
Las áreas de rehabilitación integral y de renovación
urbana en centros históricos, centros urbanos y barrios
degradados y municipios rurales, así como las ayudas
para la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. 4)
Las ayudas RENOVE a la rehabilitación, pero también en
la promoción de nuevas viviendas, mejorando la eficiencia
energética y accesibilidad universal para las personas
con discapacidad, 5) Las ayudas para adquisición y urbanización
de suelo para vivienda protegida, y 6) Las ayudas
a instrumentos de información y gestión del Plan.
Por lo que respecta a la necesidad de abordar aspectos
de carácter coyuntural para hacer frente a la particular
situación del ciclo inmobiliario, el Plan incluye algunas
medidas que también podrán tener validez a medio o
largo plazo, y un conjunto de medidas claramente ceñidas
al corto plazo y acotadas en su temporalidad. Entre las
primeras, sobresalen las relativas a articular al alquiler
con opción de compra, y, entre las segundas, situadas por
su propio contenido, entre las disposiciones transitorias
del Plan, todas las relacionadas con la concesión de facilidades
para reconvertir viviendas libres en protegidas, en
las diversas modalidades de régimen especial, régimen
general o precio concertado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 12 de diciembre de 2008,
D I S P O N G O :
TÍTULO I
Condiciones generales del Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012
Artículo 1. Beneficiarios de las ayudas del Plan.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas, quienes
cumplan los requisitos previstos en este Real Decreto,
exigibles en general y para cada tipo de actuación protegida.
2. Se consideran beneficiarios con derecho a protección
preferente los colectivos siguientes, definidos por la
legislación específica que, en cada caso, les resulte de
aplicación:
a) Unidades familiares con ingresos que no excedan
de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(en adelante, IPREM), a efectos del acceso en alquiler
a la vivienda, y de 2,5 veces el mismo indicador, a
efectos del acceso en propiedad a la vivienda.
b) Personas que acceden por primera vez a la
vivienda.
c) Jóvenes, menores de 35 años.
d) Personas mayores de 65 años.
e) Mujeres víctimas de la violencia de género.
f) Víctimas del terrorismo.
g) Afectados por situaciones catastróficas.
h) Familias numerosas.
i) Familias monoparentales con hijos.
j) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente
reconocida, y las familias que las tengan a su
cargo.
k) Personas separadas o divorciadas, al corriente del
pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su
caso.
l) Personas sin hogar o procedentes de operaciones
de erradicación del chabolismo.
m) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión
social determinados por las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla.
3. No podrán acogerse a la financiación de este Plan
quienes incurran en alguna de las prohibiciones previstas
para la condición de beneficiario en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
Artículo 2. Actuaciones protegidas.
Podrán ser actuaciones protegidas, cuando cumplan
las condiciones establecidas en este Real Decreto:
1. La promoción de viviendas protegidas de nueva
construcción, o procedentes de la rehabilitación, destinadas
a la venta, el uso propio o el arrendamiento, incluidas,
en este último supuesto, las promovidas en régimen de
derecho de superficie o de concesión administrativa, así
como la promoción de alojamientos protegidos para grupos
especialmente vulnerables y otros grupos específicos.
2. El alquiler de viviendas nuevas o usadas, libres o
protegidas, así como la adquisición de viviendas protegidas
de nueva construcción para venta, y la de viviendas
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usadas, para su utilización como vivienda habitual del
adquirente.
3. La rehabilitación de conjuntos históricos, centros
urbanos, barrios degradados y municipios rurales; la
renovación de áreas urbanas y la erradicación de la infravivienda
y del chabolismo.
4. La mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad
y la utilización de energías renovables, ya sea en
la promoción, en la rehabilitación o en la renovación de
viviendas y edificios.
5. La adquisición y urbanización de suelo para
vivienda protegida.
6. La gestión del Plan y la información a los ciudadanos
sobre el mismo.
Todas estas actuaciones protegidas se instrumentan a
través de los ejes y programas que se relacionan en el
artículo 21 de este Real Decreto.
Artículo 3. Condiciones generales de los demandantes
de vivienda y financiación.
1. Los demandantes de viviendas y financiación acogidas
a este Real Decreto, deberán reunir las siguientes
condiciones generales, sin perjuicio de las que puedan
establecer adicionalmente las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla:
a) No ser titulares del pleno dominio o de un derecho
real de uso o de disfrute sobre alguna vivienda sujeta
a protección pública en España, salvo que la vivienda
resulte sobrevenidamente inadecuada para sus circunstancias
personales o familiares, y siempre que se garantice
que no poseen simultáneamente más de una vivienda
protegida.
Tampoco podrán ser titulares de una vivienda libre,
salvo que hayan sido privados de su uso por causas no
imputables a los interesados, o cuando el valor de la
vivienda, o del derecho del interesado sobre la misma,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por
ciento del precio de la vivienda que se pretende adquirir.
Este valor se elevará al 60 por ciento en los supuestos
a los que se refieren las letras d), e), f), h), i), j) y k), del
apartado 2 del artículo 1.
Si la normativa propia de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla así lo dispone, los
demandantes habrán de aportar una certificación catastral
descriptiva y gráfica de que no reúnen la condición de
titulares de inmuebles en todo el territorio de régimen
común.
b) Estar inscrito en un registro público de demandantes,
creado y gestionado de conformidad con lo que
disponga la normativa de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla sin perjuicio de lo dispuesto
en la Disposición Transitoria sexta.
c) Disponer de unos ingresos familiares mínimos
que exijan, en su caso, las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
d) No superar los ingresos familiares máximos establecidos
en cada programa de este Real Decreto, respecto
a las ayudas financieras estatales, y, en el siguiente cuadro,
respecto del tipo de viviendas protegidas:
Tipos de viviendas protegidas para venta,
alquiler y alquiler con opción de compra
Ingresos familiares máximos de los
adquirentes e inquilinos (en número
de veces el Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples
(en adelante, IPREM)
Régimen especial . . . . . . . . 2,5
Régimen general . . . . . . . . . 4,5
Régimen concertado . . . . . . 6,5
e) Que la actuación para la que se solicita financiación
haya sido calificada como protegida, por las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el
marco de este Real Decreto.
f) No haber obtenido ayudas financieras ni préstamo
convenido para el mismo tipo de actuación, al amparo de
planes estatales o autonómicos de vivienda, durante los
diez años anteriores a la solicitud actual. Se entenderá
que se ha obtenido préstamo convenido cuando el mismo
haya sido formalizado. Y que se han obtenido ayudas
financieras, cuando se haya expedido la resolución administrativa
reconociendo el derecho a las mismas.
Las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla podrán establecer excepciones a esta norma, en
supuestos en los que la nueva solicitud de financiación
responda a motivos suficientemente fundamentados. En
todo caso, la obtención de nueva financiación requerirá la
cancelación previa o simultánea del préstamo anteriormente
obtenido, y la devolución de las ayudas financieras
percibidas.
2. Las condiciones incluidas en el apartado 1 deberán
cumplirse en el momento que determine la normativa
propia de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla o, en su defecto, cuando el interesado se
inscriba en el registro de demandantes, sin perjuicio de
que pueda comprobarse nuevamente en el momento de la
adjudicación de la vivienda o de la solicitud de las ayudas.
3. Los siguientes grupos de demandantes se regirán
por las condiciones específicas que se establecen en los
correspondientes programas:
a) Los adquirentes de su primera vivienda en propiedad.
b) Los inquilinos acogidos a los supuestos de cesión
temporal establecidos en este Real Decreto.
c) Los inquilinos incluidos en programas de alojamientos
para colectivos especialmente vulnerables y
otros colectivos específicos.
d) Los solicitantes de ayudas para actuaciones de
rehabilitación.
Artículo 4. Determinación y acreditación de los ingresos
familiares.
1. La determinación de la cuantía de los ingresos
familiares se efectuará del modo siguiente:
a) Se partirá de la cuantía de la base imponible general
y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente,
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente
a la declaración o declaraciones presentadas
por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa
al último período impositivo con plazo de presentación
vencido, en el momento de la solicitud de préstamo
convenido o ayudas financieras a la vivienda. Si el solicitante
no hubiera presentado declaración, por no estar
obligado a ello, las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla podrán solicitar otras informaciones,
incluyendo una declaración responsable del solicitante,
que les permitan evaluar los ingresos familiares.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de
veces el IPREM en vigor durante el período al que se refieran
los ingresos evaluados.
c) El número de veces del IPREM resultante podrá
ser ponderado mediante la aplicación, por parte de las
Comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla,
de un coeficiente multiplicador único, comprendido entre
0,70 y 1, en función de:
1.º El número de miembros de la unidad familiar, en
especial, si se trata de alguno de los grupos a que se refieren
las letras h), i) y j) del apartado 2 del artículo 1.
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2.º La ubicación de la vivienda en un ATPMS.
3.º Otros factores determinados por las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Cuando se trate de promotores para uso propio
agrupados en cooperativas o en comunidades de propietarios,
para adquisición de viviendas, el solicitante individual
tendrá que acreditar de nuevo sus ingresos, en la
forma indicada, al solicitar la subsidiación del préstamo
que le corresponda directamente o por subrogación en el
obtenido por la cooperativa o comunidad de propietarios
a la que pertenezca.
A estos efectos, se considerará que cumple las condiciones
para obtener ayudas financieras, si los ingresos
familiares nuevamente acreditados no superan en más de
un 20 por ciento a los que se determinan en este Real
Decreto para cada tipo y tramo de ayudas financieras. En
el supuesto de que se superara dicho porcentaje, el solicitante
individual podrá adquirir y ocupar la vivienda en
cuestión, sin derecho a ayudas económicas directas.
Respecto de los restantes demandantes de vivienda y
financiación que sean objeto de la nueva comprobación
prevista en el apartado 2 del artículo anterior, se considerará
que cumplen las condiciones para acceder a la
vivienda y obtener ayudas financieras, si los ingresos
familiares nuevamente acreditados no superan en más de
un 10 por ciento a los que se determinan en este Real
Decreto para cada tipo de vivienda y tramo de ayuda
financiera.
3. La solicitud de ayudas financieras habilitará a la
Administración pública competente para solicitar toda la
información necesaria, en particular la de carácter tributario
o económico que fuera legalmente pertinente, en el
marco de la colaboración que se establezca con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o con otras Administraciones
públicas competentes.
Artículo 5. Destino y ocupación de las viviendas. Limitaciones
a la facultad de disponer. Derechos de tanteo y
retracto.
1. Sólo podrán acogerse a la financiación del Plan las
viviendas adquiridas para uso propio y las promovidas o
rehabilitadas para uso propio o para alquiler, que cumplan
los requisitos siguientes:
a) Destinarse a residencia habitual y permanente del
propietario o del inquilino, y estar ocupadas por los mismos
dentro de los plazos establecidos en la legislación
aplicable.
Se exceptúan las viviendas destinadas por las Administraciones
públicas y organizaciones sin ánimo de lucro
al alojamiento temporal de colectivos especialmente vulnerables
determinados por las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, y a realojos temporales
derivados de actuaciones de transformación urbanística.
b) La transmisión «ínter vivos» o cesión del uso de
las viviendas y de sus anejos, por cualquier título, antes
del transcurso de 10 años desde la fecha de la formalización
de la adquisición, requerirá autorización de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
que podrá otorgarse en los supuestos y según las condiciones
y procedimientos establecidos por éstas, salvo en
caso de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución
judicial del préstamo. Durante el mismo plazo, se
requerirá la previa cancelación del préstamo y, si se
hubieran obtenido ayudas financieras, el reintegro de las
mismas a la Administración concedente, más los intereses
legales.
c) La transmisión ínter vivos o la cesión del uso de
las viviendas, una vez transcurridos 10 años desde la formalización
de la adquisición, conllevará que el préstamo
pierda su condición de convenido y que la entidad concedente
pueda resolverlo.
d) La venta y adjudicación de las viviendas sólo
podrá efectuarse a demandantes inscritos en los registros
públicos previstos al efecto por las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en la disposición Transitoria sexta.
2. Las viviendas acogidas a la financiación de este
Plan, estarán sometidas, en su caso, a los derechos de
adquisición preferente y demás limitaciones determinadas
por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, que pueden materializarse en derechos de tanteo
y de retracto.
Artículo 6. Duración del régimen de protección de las
viviendas y alojamientos protegidos y limitación del
precio de las viviendas usadas.
1. Las viviendas y alojamientos que se acojan a la
financiación de este Plan, deberán estar sujetos a un régimen
de protección pública, que excluya la descalificación
voluntaria, incluso en el supuesto de subasta y adjudicación
de las viviendas por ejecución judicial del préstamo,
de la siguiente duración:
a) De carácter permanente mientras subsista el régimen
del suelo, si las viviendas y alojamientos hubieran
sido promovidos en suelo destinado por el planeamiento
a vivienda protegida, o en suelo dotacional público, y, en
todo caso, durante un plazo no inferior a 30 años.
b) De 30 años, al menos, si las viviendas y alojamientos
hubieran sido promovidos en otros suelos.
2. La ayuda para la adquisición protegida de las
viviendas usadas conllevará la limitación de sus precios
máximos de venta en las sucesivas transmisiones,
durante el período que establezcan las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que no podrá
ser inferior a 15 años desde la fecha de adquisición, o a la
duración del préstamo convenido, si fuera superior.
Artículo 7. Inscripción registral del régimen de protección.
Las limitaciones establecidas en los artículos 5 y 6 se
harán constar expresamente en los títulos por los que se
lleve a cabo la compraventa, la adjudicación o la obra
nueva, en el supuesto de la promoción individual para
uso propio. Cuando dichos actos se formalicen mediante
escritura pública u otro documento público, se acompañará
copia testimoniada o compulsada de la calificación
definitiva de la vivienda. Asimismo se acompañará la
copia referida a la escritura pública de formalización del
préstamo hipotecario, en su caso. En ambos casos, dichas
limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad,
por medio de nota marginal, que producirá los efectos a
los que se refiere el apartado 3 del artículo 53 de la Ley de
Suelo, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, y sus disposiciones complementarias
de carácter registral.
Artículo 8. Superficies mínima y máxima de las viviendas
y ocupación máxima de las mismas.
1. Sólo podrán acogerse a la financiación de este
Plan, las viviendas que dispongan de la superficie útil
mínima establecida por las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla. En su defecto, la superficie
útil mínima será de 30 metros cuadrados, para un máximo
de dos personas, ampliable 15 metros cuadrados por
cada persona adicional que conviva en ellas.
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2. La superficie útil máxima de dichas viviendas,
será la establecida por las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
3. La superficie útil máxima, a efectos de la financiación
establecida en este Plan, será de 90 metros cuadrados.
Cuando el programa correspondiente admita anejos
a la vivienda, las superficies útiles máximas de los mismos
serán de 8 metros cuadrados útiles para el trastero y 25
para el garaje o anejo destinado a almacenamiento de
útiles necesarios para el desarrollo de actividades productivas
en el medio rural.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando la superficie útil no exceda de 45 metros cuadrados,
podrá computarse, a efectos de financiación, una
superficie útil adicional de hasta el 30 por ciento de dicha
superficie útil, destinada a servicios comunitarios vinculados
a dichas viviendas en los términos que establezca la
normativa propia de las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
5. Para el cómputo de la superficie útil se aplicará la
normativa propia de las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla o, en su defecto, las normas establecidas
para las viviendas de protección oficial en el artícu lo 4
del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
Artículo 9. Módulo Básico Estatal.
1. El módulo básico estatal (en adelante, MBE) es la
cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útil,
que sirve como referencia para la determinación de los
precios máximos de venta, adjudicación y renta de las
viviendas objeto de las ayudas previstas en este Real
Decreto, así como de los presupuestos protegidos máximos
de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y
edificios, y en áreas de rehabilitación integral y renovación
urbana.
2. El MBE será establecido por acuerdo del Consejo
de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Vivienda y
propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, en el mes de diciembre de los
años 2009, 2010 y 2011, y será publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
adicional segunda de este Real Decreto.
Si la evolución del Plan y las circunstancias económicas
y financieras lo aconsejara, el Consejo de Ministros
podrá modificar el MBE en cualquier momento de la
vigencia del Plan.
3. Atendiendo a la condición de insularidad ultra
periférica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el
ámbito de la Unión Europea, el MBE se incrementará en
un 10 por ciento respecto a la cuantía determinada con
carácter general.
4. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio
de Vivienda y a propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, podrá acordar un
aumento del MBE aplicable a la Comunidad Autónoma de
Illes Balears y a las ciudades de Ceuta y Melilla, si su condición
de extrapeninsularidad diera lugar a unos costes
de construcción significativamente superiores a los del
resto del territorio nacional.
Artículo 10. Precios máximos de las viviendas protegidas.
1. Tomando como referencia el MBE, se establecerán
por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla los precios máximos de venta y de referencia para
el alquiler, para cada uno de los ámbitos territoriales que
determinen, sin superar los precios máximos fijados para
cada programa en este Real Decreto.
2. Estos precios máximos estarán referidos a la
superficie útil total de la vivienda, y podrán incluir el de
un garaje o anejo y el de un trastero. Las superficies útiles
computables serán, como máximo, de 25 metros cuadrados
para los garajes o anejos, y de 8 metros cuadrados
para los trasteros, con independencia de que las superficies
reales fueran superiores. El precio máximo del metro
cuadrado de superficie útil computable será del 60 por
ciento del correspondiente al metro cuadrado útil de la
vivienda.
3. El precio máximo total de venta o de referencia
para las viviendas en alquiler, podrá incluir, además, la
superficie adicional computable a que se refiere el apartado
4 del artículo 8, con independencia de que la superficie
real fuera superior. El precio máximo del metro cuadrado
de superficie útil computable será el mismo que el
correspondiente a la vivienda.
4. Cuando se trate de promociones de vivienda para
uso propio, el precio máximo de adjudicación, o el valor
de la edificación sumado al del suelo que figure en la
declaración de obra nueva, en caso de promoción individual,
tendrán los límites establecidos en el apartado 1 e
incluirán los pagos que efectúe el promotor individual o el
cooperativista o comunero que sean imputables al coste
de la vivienda, por ser necesarios para llevar a cabo la
promoción y la individualización física y jurídica de ésta.
Se entenderá por gastos necesarios, los honorarios de
la gestión, los de escrituración e inscripción del suelo y
los de la declaración de obra nueva y división horizontal,
así como los del préstamo hipotecario, seguros de percepción
de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán
tal consideración las aportaciones al capital social,
las cuotas sociales ni las de participación en otras actividades
que puedan desarrollar la cooperativa o la comunidad
de propietarios.
5. Los precios máximos de las viviendas protegidas
de nueva construcción figurarán en la calificación provisional
y no podrán modificarse, ni en ésta ni en la calificación
definitiva, una vez obtenido por el promotor el préstamo
convenido, con la conformidad del Ministerio de
Vivienda, incluso si dicho préstamo no se hubiera formalizado.
Se exceptúan de esta regla los supuestos siguientes:
a) En caso de alteraciones de las superficies computables
de viviendas y anejos inicialmente tenidas en cuenta,
dentro de los máximos establecidos en este Real Decreto.
b) Si la vivienda no se vendiera ni arrendara en un
plazo máximo a determinar por las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, en cuyo caso el precio
total máximo que corresponda hasta tanto se produzca
dicha venta o arrendamiento será el que fijen aquéllas.
6. Si la vivienda se ubicara en un ámbito territorial
de precio máximo superior (en adelante, ATPMS), su precio
máximo, incluyendo los anejos indicados en los apartados
2 y 3, podrá incrementarse en la cuantía correspondiente
a dicho ámbito, según el tipo de vivienda.
Artículo 11. Ámbitos territoriales de precio máximo
superior.
1. La declaración de nuevos ámbitos territoriales de
precio máximo superior, o de modificación de los existentes,
se realizará mediante Orden del Ministerio de
Vivienda, a propuesta de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, que deberá elevarse, en su
caso, durante el primer trimestre de cada uno de los
años 2009, 2010, 2011 y 2012, previa solicitud, por parte de
dichas comunidades y ciudades, de informe no vinculante
a los ayuntamientos afectados, y que tendrá en cuenta la
capacidad económica de los demandantes de vivienda en
sus municipios y su esfuerzo económico para acceder a la
vivienda.
2. En los ámbitos territoriales declarados de precio
máximo superior, las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla podrán incrementar el precio
51914 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
máximo general de venta de las viviendas acogidas a este
Real Decreto, en los siguientes porcentajes máximos:
a) ATPMS del grupo A: hasta un 60 por ciento de
incremento, para las viviendas protegidas de nueva construcción,
salvo las de precio concertado; y hasta un 120
por ciento, para las viviendas libres usadas y las viviendas
protegidas de precio concertado.
b) ATPMS del grupo B: hasta un 30 por ciento para
las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las
de precio concertado; y hasta un 60 por ciento, para las
viviendas libres usadas y las viviendas protegidas de precio
concertado.
c) ATPMS del grupo C: hasta un 15 por ciento para
las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las
de precio concertado; y hasta un 30 por ciento, para las
viviendas libres usadas y las viviendas protegidas de precio
concertado.
Artículo 12. Préstamos convenidos: Características.
1. Los préstamos convenidos tendrán las siguientes
características generales, con independencia de las cuantías
y plazos de carencia y de amortización que, en cada
caso, se establezcan para las diferentes actuaciones protegidas:
a) Serán concedidos por entidades de crédito (en
adelante, EECC) que hayan suscrito con el Ministerio de
Vivienda el correspondiente convenio de colaboración y
dentro del ámbito y las condiciones que en el mismo se
establezcan.
b) No se podrá aplicar comisión alguna por ningún
concepto.
c) El tipo de interés efectivo podrá ser variable o fijo,
con la conformidad de la entidad de crédito colaboradora
(en adelante, EC).
El tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido
a interés variable será igual al euribor a 12 meses
publicado por el Banco de España en el «Boletín Oficial
del Estado», el mes anterior al de la fecha de formalización
más un diferencial de 65 puntos básicos.
El tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido
a interés variable se revisará cada 12 meses, tomando
como referencia el euribor a 12 meses publicado por el
Banco de España en el «Boletín Oficial del Estado» el mes
anterior al de la fecha de formalización.
En el supuesto de préstamos convenidos a interés fijo,
el tipo de interés efectivo se determinará en los convenios
de colaboración, partiendo de un swap de plazo equivalente
a la duración del préstamo, más un diferencial que
se establecerá en la orden del Ministerio de Vivienda, de
convocatoria y selección de las EECC con las que se vaya
a suscribir dichos convenios de colaboración, previo
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.
d) Las cuotas a pagar a la entidad de crédito serán
constantes a lo largo de la vida del préstamo, dentro de
cada uno de los períodos de amortización a los que
corresponda un mismo tipo de interés.
e) Los préstamos serán garantizados con hipoteca,
salvo cuando recaigan sobre actuaciones protegidas en
materia de rehabilitación o de promoción de alojamientos
protegidos, en cuyo caso dicha garantía sólo podrá exigirse
si, a juicio de la entidad de crédito, fuera necesario,
dadas la cuantía del préstamo solicitado y la garantía personal
del solicitante.
2. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a iniciativa
del Ministerio de Vivienda y a propuesta de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
considerada la evolución del mercado de la vivienda
y de su financiación, o de la economía en general, se
podrán modificar las características de los préstamos
convenidos establecidas en este artículo. En tal caso, las
EECC que hubieran formalizado convenios de colaboración
con el Ministerio de Vivienda podrán resolverlos
unilateralmente.
Artículo 13. Ayudas financieras del Plan.
1. Las ayudas financieras del Plan, con cargo a los
presupuestos del Ministerio de Vivienda, consistirán en:
a) Subsidios de préstamos convenidos.
b) Ayuda estatal directa a la entrada (en adelante,
AEDE).
c) Subvenciones.
2. El Ministerio de Vivienda satisfará las ayudas
financieras en aquellos casos en que las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla hayan verificado
el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan
para acceder a dichas ayudas, dentro de las condiciones
y límites cuantitativos establecidos en este Real
Decreto, y según lo acordado en los correspondientes
convenios de colaboración suscritos entre ambas Administraciones.
La tramitación y resolución de los procedimientos de
otorgamiento de las ayudas corresponderá al órgano
competente de dichas comunidades y ciudades, que asimismo
gestionará el abono de las subvenciones.
A tales efectos, en los convenios de colaboración que
se suscriban entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla se hará
referencia a las ayudas que estas Administraciones pudieran
destinar a la misma finalidad, de forma complementaria
o sustitutiva, según su normativa propia.
3. La suma de las ayudas financieras estatales y las
de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, así como de otras Administraciones u organismos
públicos, nacionales o internacionales, no podrá superar
el precio, coste o presupuesto protegido, según corresponda,
de las actuaciones protegidas.
Artículo 14. Subsidiación de préstamos convenidos.
1. La cuantía de la subsidiación se cifrará en un
número de euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo
convenido, extendiéndose proporcionalmente a
fracciones de dicha cantidad, y dependerá de la cuantía
del préstamo convenido, sea la inicial o la resultante de
una amortización anticipada parcial, del nivel de ingresos
familiares del prestatario y de la modalidad de actuación
protegida.
2. La cuantía anual de la subsidiación será descontada
previamente por la entidad de crédito de las cuotas
que corresponderían en concepto de amortización de
capital e intereses, o sólo de intereses en el período de
carencia, cuando proceda, en la parte prorrateada que
corresponda a cada vencimiento.
3. El Ministerio de Vivienda podrá convenir con las
EECC las condiciones del reintegro a las mismas de las
cuantías de la subsidiación.
4. El Consejo de Ministros podrá acordar, excepcionalmente,
a iniciativa del Ministerio de Vivienda y a propuesta
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, una modificación de las cuantías de las
subsidiaciones, incluso para préstamos convenidos en
proceso de amortización, si la modificación resultara
favorable a los prestatarios.
5. La subsidiación del préstamo convenido será
efectiva a partir de la fecha de la escritura de formalización
del mismo o de la subrogación en él por parte del
destinatario de la subsidiación, una vez obtenida la preceptiva
autorización o, en su caso, el reconocimiento previo
del derecho a la subsidiación por parte de las ComuniBOE
núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51915
dades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y la
conformidad del Ministerio de Vivienda a la condición de
préstamo convenido.
La subsidiación de préstamos formalizados antes de
la autorización o reconocimiento administrativo del derecho,
requerirá la resolución de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla y la conformidad del
Ministerio de Vivienda a la condición de préstamo convenido,
y será efectiva a partir de la fecha de recepción de
dicha resolución por el Ministerio de Vivienda.
En el caso del promotor individual para uso propio, la
subsidiación tendrá efectividad cuando se inicie la amortización
del préstamo.
6. La subsidiación de préstamos se concederá por el
período que en cada caso se determina en este Real
Decreto.
Artículo 15. Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE).
1. La ayuda estatal directa a la entrada consiste en el
abono, en pago único, y con cargo a los presupuestos del
Ministerio de Vivienda, de una cantidad en euros, destinada
a facilitar el pago de la parte no financiada por préstamo
convenido, del precio de venta o adjudicación de la
vivienda, o de la suma de los valores de la edificación y
del suelo, en caso del promotor para uso propio.
2. El pago de la ayuda se efectuará por la entidad de
crédito colaboradora concedente del préstamo convenido,
en el momento de formalización de la escritura
pública de compraventa y de la de constitución de la hipoteca
de la vivienda. La cuantía abonada le será reintegrada
por el Ministerio de Vivienda a dicha entidad de
crédito al contado y sin intereses, según se determine en
los convenios de colaboración con ella, con independencia
de cualesquiera circunstancias personales que puedan
afectar al destinatario de la citada ayuda estatal.
Artículo 16. Convenios de colaboración con Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
1. El Ministerio de Vivienda celebrará convenios de
colaboración con las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan, cuya
duración coincidirá con la vigencia del mismo. Dichos
convenios recogerán al menos los siguientes contenidos:
a) Objetivos totales convenidos, que son el número
de actuaciones protegidas financiables durante el período
2009-2012, desglosados por modalidades de actuación y
número de viviendas, así como su distribución anual estimada.
b) Mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento
de los objetivos, y de comunicación e información
entre ambas Administraciones, incluyendo la eventual
implantación de sistemas informáticos de uso compartido.
c) La creación de la correspondiente comisión bilateral
de seguimiento, que estará presidida conjuntamente
por el titular del Ministerio de Vivienda y de la Consejería
o Departamento competente en materia de vivienda de la
Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.
d) Compromisos presupuestarios a asumir, en su
caso, por parte de cada Administración respecto de las
modalidades de actuaciones protegidas que se acuerde
cofinanciar.
e) Compromisos en materia de gestión del Plan,
expresando los instrumentos y medidas a adoptar por
parte de cada Administración para su ejecución, y las subvenciones
que correspondan a la creación y mantenimiento
de ventanillas únicas de vivienda, oficinas de
rehabilitación y registros de demandantes.
f) Protocolos de información y comunicación a los
ciudadanos sobre la participación de las Administraciones
en la financiación de las actuaciones protegidas del
Plan, según las pautas que se establezcan en el manual de
imagen institucional del mismo.
g) El suministro de la información sobre el Plan para
su incorporación a la base de datos de actuaciones protegidas
a la que se refiere la disposición adicional sexta.
2. Excepcionalmente, las comisiones bilaterales de
seguimiento podrán acordar reajustes de los objetivos
convenidos, garantizando en todo caso el cumplimiento en
su conjunto de los objetivos del Convenio y del Plan. Los
reajustes de los objetivos sólo podrán motivarse en:
a) La transferencia de objetivos entre diferentes
modalidades de actuaciones protegidas, cuando circunstancias
excepcionales lo justifiquen.
b) La utilización, en su caso, de las reservas de recursos
no territorializados del Plan.
c) La aplicación de otros procedimientos para fomentar
la eficacia del Plan que se especifiquen en los convenios
de colaboración, incluida, en su caso, la determinación
de una fecha a partir de la cual los objetivos
convenidos para cada programa anual y no cumplidos,
pasan a integrar la reserva a que se refiere el apartado 3
del artículo 20 de este Real Decreto.
En todo caso, el gasto total resultante de estos reajustes
de objetivos deberá respetar los límites de gasto autorizados
por el Consejo de Ministros.
Artículo 17. Participación de los Ayuntamientos.
Para financiar actuaciones protegidas en: Áreas de
urbanización prioritaria de suelo; áreas de rehabilitación
integral; áreas de renovación urbana; ayudas para la erradicación
del chabolismo; y promoción de alojamientos
para colectivos especialmente vulnerables u otros colectivos
específicos en suelo de titularidad municipal, será
precisa la celebración de acuerdos específicos con las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y
con la participación de los Ayuntamientos en cuyo término
municipal se vaya a actuar. Dichos acuerdos tendrán
lugar en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento
del Plan.
Artículo 18. Convenios de colaboración con las entidades
de crédito.
1. Las relaciones del Ministerio de Vivienda con las
entidades de crédito para la ejecución del Plan, se formalizarán
mediante convenios de colaboración que garantizarán
una oferta suficiente de préstamos convenidos y la
gestión del pago de la subsidiación de dichos préstamos
y de la AEDE, a los prestatarios a los que correspondan
estas ayudas financieras.
Las EECC serán seleccionadas según los criterios establecidos
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
2. El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones
establecidas en el convenio por parte de una entidad
de crédito colaboradora habilitará al Ministerio de
Vivienda para resolver dicho convenio.
3. Excepcionalmente, constatada una insuficiencia
significativa de la financiación concedida por las EECC a
las actuaciones protegidas del Plan, el Ministerio de
Vivienda, a efectos de garantizar dicha financiación y su
gestión eficiente, podrá rescindir unilateralmente los convenios
de colaboración, con el preaviso y demás garantías
necesarias que se hayan previsto en ellos. En tal caso,
el Ministerio podrá atribuir en exclusiva a una EC o a un
grupo reducido de las mismas la financiación convenida
51916 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
de las actuaciones protegidas, según los criterios de
selección de entidades colaboradoras previstos en la Ley
General de Subvenciones.
Artículo 19. Órganos para el seguimiento del Plan.
1. Los órganos colegiados para el seguimiento del
Plan son los siguientes:
a) Conferencia Sectorial de Vivienda.
b) Consejo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
c) Comisión Multilateral de Vivienda.
d) Comisiones bilaterales de seguimiento.
2. Se crea el Consejo del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación con objeto de garantizar la participación
social durante la vigencia del Plan. El Consejo estará presidido
por el Titular del ministerio de Vivienda, y en él
participarán representantes de las Administraciones
Públicas y de los principales agentes económicos y sociales
relacionados con dicho Plan. Por Orden se establecerá
la composición y normas de funcionamiento de dicho
Consejo.
Artículo 20. Financiación del Plan.
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio
de Vivienda y propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, autorizará las cuantías
máximas de los siguientes recursos financieros:
a) El gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las
ayudas financieras del plan, en conjunto y por anualidades.
b) El volumen máximo de préstamos a convenir por
el Ministerio de Vivienda con las entidades de crédito para
que éstas los concedan en el marco del Plan.
2. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio
de Vivienda y propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, autorizará la firma,
para el conjunto del Plan, de convenios de colaboración
entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, así como de convenios
de colaboración con entidades de crédito.
3. El Ministerio de Vivienda, respetando los límites
establecidos en el apartado primero, podrá reservar
recursos no territorializados inicialmente para financiar
los instrumentos generales de gestión e información del
Plan, así como las necesidades o demandas imprevistas a
lo largo de la ejecución del presupuesto, de conformidad
con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. La cuantía máxima de los recursos
destinados a la segunda de las finalidades mencionadas,
será del 20 por ciento de los recursos del Plan, deducidos
los reservados para financiar los instrumentos de
información y gestión citados.
4. El Ministerio de Vivienda distribuirá los restantes
recursos del Plan mediante convenios de colaboración
con las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, a propuesta de éstas, y con las entidades de crédito.
5. Las dotaciones presupuestarias anuales estarán
supeditadas al cumplimiento del límite de gasto no financiero
previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, debiendo
procederse, en su caso, al ajuste de la programación
financiera del Plan.
6. Una vez formalizados los convenios de colaboración
con las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, así como con las EECC, el Ministerio de
Vivienda elevará a la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos una memoria en la que se
especifiquen los compromisos presupuestarios que se
derivan de los mismos y su congruencia con los créditos
disponibles y la política presupuestaria general.
TÍTULO II
Programas del Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012
Artículo 21. Ejes básicos y programas del Plan.
El Plan consta de 6 ejes básicos y 12 programas:
1. Promoción de viviendas protegidas.
a) Promoción de vivienda protegida para alquiler.
b) Promoción de vivienda protegida para venta.
c) Promoción de alojamientos para colectivos especialmente
vulnerables y otros colectivos específicos.
2. Ayudas a demandantes de vivienda.
a) Ayudas a inquilinos.
b) Ayudas a adquirentes de nuevas viviendas protegidas
y de viviendas usadas.
3. Áreas de rehabilitación integral y renovación
urbana.
a) Áreas de rehabilitación integral de centros históricos,
centros urbanos, barrios degradados y municipios
rurales (en adelante, ARIS).
b) Áreas de renovación urbana (en adelante, ARUS).
c) Programa de ayudas para la erradicación del chabolismo.
4. Ayudas RENOVE a la rehabilitación y eficiencia
energética.
a) Ayudas RENOVE a la rehabilitación.
b) Ayudas a la eficiencia energética en la promoción
de viviendas.
5. Ayudas para adquisición y urbanización de suelo
para vivienda protegida.
a) Ayudas para adquisición y urbanización de suelo
para vivienda protegida.
6. Ayudas a instrumentos de información y gestión
del Plan.
a) Ayudas a la gestión de los Planes de Vivienda e
información al ciudadano.
CAPÍTULO 1
Eje 1: Promoción de viviendas protegidas
SECCIÓN 1.ª PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA
PARA ALQUILER
Artículo 22. Viviendas protegidas para arrendamiento.
1. Podrán ser calificadas como protegidas las viviendas
de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación,
y destinadas a arrendamiento que, según la normativa
propia de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, cumplan las condiciones a que se refiere
el Título I de este Real Decreto y las específicas que sean
de aplicación para cada uno de los regímenes que se establecen
a continuación:
a) Régimen especial: Viviendas destinadas a inquilinos
con ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51917
el IPREM, y cuyo precio máximo de referencia, por metro
cuadrado de superficie útil computable a efectos de financiación,
será de 1,50 veces el MBE.
b) Régimen general: Viviendas destinadas a inquilinos
con ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces
el IPREM, y cuyo precio máximo de referencia, por metro
cuadrado de superficie útil computable a efectos de financiación
será de 1,60 veces el MBE.
c) Régimen concertado: Viviendas destinadas a
inquilinos con ingresos familiares que no excedan de 6,5
veces el IPREM, y cuyo precio máximo de referencia, por
metro cuadrado de superficie útil computable a efectos de
financiación será de 1,80 veces el MBE.
Estos precios máximos se incrementarán en el porcentaje
que corresponda si la vivienda se ubica en un ATPMS,
según el régimen de protección al que pertenezcan.
Si la vivienda tuviera garaje o anejo, trastero y superficie
adicional computable, para determinar su precio
máximo de referencia se estará a lo dispuesto en los apartados
2 y 3 del artículo 10.
2. Las viviendas protegidas a que se refiere este artículo
podrán ser edificadas sobre suelos cedidos en derecho
de superficie, en las condiciones establecidas por la
normativa de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
Artículo 23. Duración mínima del régimen de arrendamiento.
La duración mínima del arrendamiento de las viviendas
a que se refiere este programa será de 10 o de 25 años
contados desde su calificación definitiva.
Artículo 24. Rentas máximas del arrendamiento.
1. La renta máxima anual, por metro cuadrado de
superficie útil, será el 4,5% ó el 5,5% del precio máximo
de referencia de la vivienda protegida en alquiler de que
se trate, según la duración del contrato de arrendamiento
sea de 25 o 10 años, respectivamente. Dicha renta máxima
habrá de figurar en la calificación provisional de la
vivienda.
2. La renta establecida deberá figurar en el visado
del contrato de arrendamiento, expedido por las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y podrá
actualizarse anualmente en función de la evolución del
Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios
al Consumo (en adelante, IPC).
3. Además de la renta correspondiente, el arrendador
podrá repercutir al inquilino los gastos que permita la
legislación aplicable.
Artículo 25. Precios máximos de venta.
1. Una vez transcurridos 25 años desde su calificación
definitiva, y mientras continúen siendo protegidas,
las viviendas de esta modalidad podrán venderse al precio
máximo que corresponda a una vivienda protegida
del mismo tipo y en la misma ubicación, calificada provisionalmente
en el momento de la venta, y en las condiciones
que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
2. Una vez transcurridos 10 años desde la calificación
definitiva, y mientras continúen siendo protegidas,
las viviendas de esta modalidad podrán venderse a un
precio de hasta 1,5 veces el precio máximo de referencia
establecido en la calificación provisional de la misma, y
en las condiciones que establezcan las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Si el plazo de tenencia en régimen de arrendamiento
hubiera de prolongarse por encima de 10 años, por exigencia
de la legislación de arrendamientos urbanos, dicho
precio máximo podrá actualizarse anualmente, a partir de
ese momento, en función del IPC.
Artículo 26. Viviendas protegidas para arrendamiento
con opción de compra.
Las viviendas protegidas para arrendamiento a 10 años
podrán ser objeto de un contrato de arrendamiento con
opción de compra, en cuyo caso el inquilino podrá adquirirla
a un precio de hasta 1,7 veces el precio máximo de
referencia establecido en la calificación provisional. Del
precio de venta se deducirá, en concepto de pagos parciales
adelantados, al menos el 30 por ciento de la suma de
los alquileres satisfechos por el inquilino, en las condiciones
que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
Las cuantías máximas de las rentas establecidas en
este Real Decreto no incluyen la tributación indirecta que
recaiga sobre las mismas, en su caso.
Artículo 27. Financiación de la promoción de viviendas
protegidas para arrendamiento a 25 años.
1. Los promotores de viviendas de nueva construcción
para arrendamiento a 25 años, calificadas provisionalmente
como protegidas, podrán obtener préstamos convenidos
que, además de las características generales
establecidas en el artículo 12 de este Real Decreto, reunirán
las siguientes condiciones:
a) La cuantía máxima del préstamo será del 80 por
ciento del precio máximo de referencia que corresponda,
calculado a partir de la superficie útil computable a efectos
de financiación.
b) El plazo de amortización de los préstamos será
como mínimo de 25 años.
c) El período de carencia en el pago de intereses de
los préstamos convenidos finalizará en la fecha de la calificación
definitiva de la vivienda, y, como máximo, a los
cuatros años desde la formalización del préstamo. Este
periodo podrá prorrogarse hasta un total de 10 años con la
autorización de la Comunidad autónoma y ciudades de
Ceuta y Melilla (en adelante, CA) y el acuerdo de la entidad
de crédito colaboradora.
2. La subsidiación de los préstamos convenidos destinados
a la promoción de viviendas protegidas para arrendamiento
a 25 años se extenderá a toda la vida del préstamo,
incluido el período de carencia, sin exceder de 25
años, y se sujetará al siguiente baremo:
Viviendas
de régimen
especial
Viviendas
de régimen
general
Viviendas
de régimen
concertado
Duración máxima de la subsidiación
(años). 25 25 25
Cuantía de la subsidiación
(euros/año/10.000 euros de
préstamo). 350 250 100
3. Los promotores de viviendas de régimen especial
y general que hayan obtenido los préstamos a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, podrán obtener una
subvención, con las siguientes cuantías, que podrán
incrementarse cuando las viviendas se ubiquen en un
ATPMS:
Viviendas
de régimen
especial
Viviendas
de régimen
general
Cuantía general (euros/m² útil). 350 250
51918 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
Cuantías adicionales
por ubicación de la
vivienda en un
ATPMS (euros/m²
útil).
Grupo A. 60
Grupo B. 30
Grupo C. 15
Viviendas
de régimen
especial
Viviendas
de régimen
general
Artículo 28. Financiación de la promoción de viviendas
protegidas para arrendamiento a 10 años.
1. Los promotores de viviendas de nueva construcción
para arrendamiento a 10 años, calificadas provisionalmente
como protegidas, podrán obtener préstamos
convenidos que, además de las características generales
establecidas en el artículo 12 de este Real Decreto, reunirán
las siguientes condiciones:
a) La cuantía máxima del préstamo será del 80 por
ciento del precio máximo de referencia que corresponda,
calculado a partir de la superficie útil computable a efectos
de financiación.
b) El plazo de amortización de los préstamos será
como mínimo de 10 años.
c) El período de carencia en el pago de intereses de los
préstamos convenidos finalizará en la fecha de la calificación
definitiva de la vivienda, y, como máximo, a los cuatros
años desde la formalización del préstamo. Este periodo
podrá prorrogarse hasta un total de 10 años con la autorización
de la Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y
Melilla y el acuerdo de la entidad de crédito colaboradora.
2. La subsidiación de los préstamos convenidos destinados
a la promoción de viviendas protegidas para
arrendamiento a 10 años se extenderá a toda la vida del
préstamo, incluyendo el período de carencia, sin exceder
de 10 años en el período de amortización, y responderá al
siguiente baremo:
Viviendas
de régimen
especial
Viviendas
de régimen
general
Viviendas
de régimen
concertado
Duración máxima de la subsidiación
(años). 10 10 10
Cuantía de la subsidiación
(euros/año/10.000 euros de
préstamo). 350 250 100
3. Los promotores de viviendas de régimen especial
y general que hayan obtenido los préstamos a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, podrán obtener una
subvención, con las siguientes cuantías, que podrán
incrementarse cuando las viviendas se ubiquen en un
ATPMS:
Viviendas
de régimen
especial
Viviendas
de régimen
general
Cuantía general (euros/m² útil). 250 200
Cuantías adicionales
por ubicación de la
vivienda en un
ATPMS (euros/m²
útil).
Grupo A. 60
Grupo B. 30
Grupo C. 15
Artículo 29. Anticipo de las subvenciones.
1. A propuesta de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Vivienda
podrá autorizar que se anticipe al promotor de viviendas
protegidas para arrendamiento, la percepción de hasta
el 50 por ciento de la subvención, previa certificación del
inicio de las obras.
Dicho anticipo podrá alcanzar la totalidad de la subvención,
cuando el promotor se comprometa a reducir la
renta a percibir, durante los primeros cinco años, en un
punto porcentual respecto a las establecidas con carácter
general.
2. Las cantidades anticipadas deberán estar avaladas
o garantizadas por otro medio admisible en Derecho
que asegure su devolución en caso de incumplimiento de
los requisitos exigidos para la obtención de la subvención.
Artículo 30. Gestión de las viviendas protegidas en arrendamiento.
1. Los propietarios de viviendas protegidas para
arrendamiento podrán ceder su gestión a organismos
públicos, entidades sin ánimo de lucro o sociedades cuyo
objeto social incluya expresamente el arrendamiento de
viviendas, con la obligación, por parte de los gestores, de
atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas
máximas establecidas en este Real Decreto.
2. Los propietarios de viviendas protegidas para
arrendamiento podrán enajenarlas por promociones
completas a cualquiera de las personas a las que se
refiere el apartado anterior. También podrán enajenar
viviendas aisladas, cuando los adquirentes sean organismos
públicos, empresas públicas o entidades sin
ánimo de lucro.
Las enajenaciones podrán efectuarse en cualquier
momento, sin sujeción a los precios máximos de referencia
que correspondan, previa autorización de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Los nuevos propietarios deberán cumplir las obligaciones
inherentes a la calificación definitiva de las viviendas,
y atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y
rentas máximas establecidos en este Real Decreto, subrogándose
en los derechos y obligaciones de los transmitentes,
y pudiendo subrogarse, total o parcialmente, en
las ayudas financieras que éstos hubieran obtenido.
Los propietarios a que se refiere este apartado podrán
conservar la gestión de las viviendas o promociones enajenadas.
3. La recalificación de promociones completas de
viviendas protegidas para venta como viviendas protegidas
para alquiler, conllevará, para las viviendas, la
adopción del régimen y condiciones propias de este uso,
y para el propietario, la asunción de las obligaciones y
responsabilidades propias de este régimen, así como la
financiación correspondiente, incluyendo la subvención
y subsidiación del préstamo convenido para el período
de carencia restante desde la recalificación, y la subsidiación
que corresponda durante el período de amortización.
La entidad de crédito colaboradora concedente del
préstamo practicará la liquidación pertinente de los subsidios
y la novación del mismo, para adaptarlo a las características
de la nueva actuación protegida.
4. La recalificación de promociones completas de
viviendas protegidas para alquiler como viviendas protegidas
para venta, antes de su calificación definitiva, conllevará,
para las viviendas, la adopción del régimen y
condiciones propias de este uso, y para el propietario, la
interrupción de las ayudas financieras y la devolución de
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51919
las recibidas hasta la recalificación, actualizadas con los
intereses de demora que correspondan.
La entidad de crédito colaboradora practicará la novación
del préstamo convenido, para adaptarlo a las características
de la nueva actuación protegida.
Artículo 31. Cofinanciación de las viviendas de promoción
pública destinadas a arrendamiento.
1. Con el fin de incrementar el parque de viviendas
públicas para arrendamiento, el Ministerio de Vivienda
podrá cofinanciar, con la Comunidad autónoma y ciudades
de Ceuta y Melilla que corresponda, la promoción
pública de viviendas destinadas a este régimen, con las
siguientes condiciones:
a) Que se califiquen como viviendas de protección
oficial de promoción pública.
b) Que las viviendas estén vinculadas al régimen de
arrendamiento protegido durante toda su vida útil y, al
menos, por un plazo de 25 años.
c) Que la superficie útil máxima de las viviendas no
exceda de 90 metros cuadrados.
d) Que los ingresos familiares máximos de los
inquilinos y las rentas máximas aplicables, no excedan de
los correspondientes a las viviendas protegidas para
arrendamiento de régimen especial.
2. La cuantía máxima de la subvención será del 30
por ciento del coste computable de edificación de las
viviendas que, a estos efectos, no podrá exceder por
metro cuadrado de superficie útil de 1,25 veces el MBE.
3. El porcentaje de financiación a cargo de cada
administración se establecerá mediante acuerdo en la
correspondiente comisión bilateral de seguimiento del
Plan.
SECCIÓN 2.ª PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA
PARA VENTA
Artículo 32. Viviendas protegidas para venta.
1. Podrán ser calificadas como protegidas las viviendas
de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación,
y destinadas a la venta que, según la normativa
propia de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, cumplan las condiciones a las que se
refiere el Titulo I de este Real Decreto, y las especificas
que sean de aplicación para cada uno de los regímenes
que se establecen a continuación:
a) Régimen especial: Viviendas destinadas a adquirentes
con ingresos familiares que no excedan de 2,5
veces el IPREM y cuyo precio máximo de venta, por metro
cuadrado de superficie útil computable a efectos de financiación,
no exceda de 1,50 veces el MBE.
b) Régimen general: Viviendas destinadas a adquirentes
con ingresos familiares que no excedan de 4,5
veces el IPREM y cuyo precio máximo de venta, por metro
cuadrado de superficie útil computable a efectos de financiación,
no exceda de 1,60 veces el MBE.
c) Régimen concertado: Viviendas destinadas a adquirentes
con ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces
el IPREM y cuyo precio máximo de venta, por metro cuadrado
de superficie útil computable a efectos de financiación,
no exceda de 1,80 veces el MBE.
2. En el supuesto de promotores para uso propio, el
precio máximo de adjudicación, o la suma de los valores
de la edificación y el suelo, si se trata de un promotor
individual, tendrán los mismos límites que los establecidos
en el apartado anterior.
3. Si la vivienda tuviera garaje o anejo, trastero y
superficie adicional computable, para determinar su precio
máximo de referencia se estará a lo establecido en los
apartados 2 y 3 del artículo 10.
4. Estos precios máximos se incrementarán en el
porcentaje que corresponda si la vivienda se ubica en un
ATPMS, según el régimen de protección al que pertenezcan.
Artículo 33. Financiación de la promoción de viviendas
protegidas para venta.
Los promotores de viviendas de nueva construcción
destinadas a la venta y calificadas provisionalmente como
protegidas, podrán obtener préstamos convenidos que,
además de las características generales establecidas en
el artículo 12 de este Real Decreto, reunirán las siguientes
condiciones:
a) La cuantía máxima del préstamo será del 80 por
ciento de los precios o valores calculados a efectos de
financiación, a los que se refiere el artículo anterior.
Si la vivienda tuviera garaje o anejo y trastero, vinculados
en proyecto y registralmente, la cuantía global del
préstamo podrá incrementarse para incluir hasta el 80 por
ciento del precio máximo de los mismos, a efectos de
financiación, según se determina en el apartado 2 del artículo
10.
No será objeto de ayudas financieras la promoción de
locales comerciales.
b) El plazo de amortización de los préstamos convenidos
será de 25 años como mínimo.
c) El período de carencia en el pago de intereses de
los préstamos convenidos finalizará en la fecha de la calificación
definitiva de la vivienda, y, como máximo, a los
cuatros años desde la formalización del préstamo. Este
periodo podrá prorrogarse hasta un total de 10 años con
la autorización de las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla y el acuerdo de la EC.
d) El promotor podrá convenir con la EC el calendario
de disposiciones del capital del préstamo, en función
de la ejecución de la inversión y de la evolución de las
compraventas o de las adjudicaciones de las viviendas,
cuando esta condición sea aplicable.
Los promotores deberán efectuar la primera disposición
del préstamo en un plazo no superior a 6 meses
desde su formalización, no pudiendo transcurrir entre las
restantes disposiciones más de 4 meses. El incumplimiento
de estos plazos, salvo que medie justa causa, permitirá
resolver el contrato, con la devolución anticipada
de las cantidades dispuestas, en su caso.
Artículo 34. Precios máximos de las viviendas protegidas
en segundas y posteriores transmisiones.
1. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas
de nueva construcción, en segundas y ulteriores
transmisiones, será el que corresponda, en el momento
de la venta, a una vivienda protegida calificada provisionalmente,
del mismo régimen y en la misma ubicación,
en las condiciones que establezcan las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Este precio máximo de venta será de aplicación
mientras esté vigente el régimen legal de protección.
SECCIÓN 3.ª PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS PARA COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES
Y OTROS COLECTIVOS ESPECÍFICOS
Artículo 35. Características básicas y superficies.
1. Los alojamientos protegidos para colectivos especialmente
vulnerables se destinarán a albergar a las personas
con derecho a protección preferente a que se refie51920
Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
ren las letras a), c), d), e), f), g), j), k), l) y m) del apartado 2
del artículo 1.
2. Los alojamientos protegidos para otros colectivos
específicos se destinarán a albergar a personas relacionadas
con la comunidad universitaria, o investigadores y
científicos.
3. Los alojamientos acogidos a este programa deberán
reunir las siguientes condiciones:
a) La promoción podrá ser de iniciativa pública o
privada, según dispongan las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Podrán edificarse sobre suelo al que la ordenación
urbanística atribuya cualquier uso compatible con
los destinos de estos alojamientos.
c) Los alojamientos tendrán las siguientes características:
1.º Deberán formar parte de edificios o conjuntos de
edificios destinados en exclusiva y por completo a esta
finalidad.
2.º El número de alojamientos por edificio estará
determinado por la normativa propia de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
3.º La superficie útil de cada alojamiento será como
mínimo de 15 metros cuadrados por persona, con un
máximo de 45 metros cuadrados. No obstante, un máximo
del 25 por ciento del total de los alojamientos de cada
promoción podrá tener una superficie útil máxima de 90
metros cuadrados, con el fin de poder alojar a unidades
familiares o grupos de personas que requieran una superficie
mayor a la determinada con carácter general.
d) A efectos de financiación por el Plan, la superficie
útil protegida destinada a servicios comunes o asistenciales
de las personas alojadas, que deberán estar integrados
en el propio edificio o conjunto de edificios, no podrá
exceder del 30 por ciento del total de la superficie útil de
los alojamientos, con independencia de que la superficie
real sea superior.
e) A estos efectos, también podrán estar protegidas
las plazas de garaje vinculadas a los alojamientos, según
la normativa municipal. Su superficie útil máxima computable,
así como su precio máximo de referencia, por
metro cuadrado de superficie útil, serán los establecidos
para las de las viviendas protegidas de nueva construcción,
de régimen especial, cuando se trate de alojamientos
para colectivos especialmente vulnerables, o de régimen
general, en el caso de los colectivos específicos.
Artículo 36. Condiciones de uso y gestión.
1. El régimen de ocupación de estos alojamientos
será el arrendamiento protegido, según lo dispuesto en
este Real Decreto, o cualquier otro que autorizaran las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
2. En aquellos supuestos que, en su caso, determinen
las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, los ocupantes de los alojamientos podrán disponer
de otra vivienda.
3. La duración del contrato de alquiler o la permanencia
de los usuarios en estos alojamientos se atendrá a
lo que las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla dispongan al efecto.
4. Estos alojamientos deberán destinarse a albergar
a colectivos especialmente vulnerables u otros colectivos
específicos, según sea el caso, durante todo el plazo de
duración del régimen de protección pública.
5. Las rentas máximas serán las de las viviendas
protegidas de régimen especial para arrendamiento
durante 25 años, cuando se trate de alojamientos para
colectivos especialmente vulnerables, o de régimen general,
para otros colectivos. Se imputará un máximo del 30
por ciento de la superficie destinada a servicios comunes
o asistenciales, cuyo precio máximo de referencia, por
metro cuadrado de superficie útil será el del régimen
correspondiente.
6. La prestación de los servicios comunes o asistenciales
que las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla establezcan para los ocupantes de los alojamientos,
podrá suponer un incremento de la renta hasta
el máximo correspondiente a la vivienda protegida para
arrendamiento a 25 años, de régimen concertado.
Artículo 37. Financiación de la promoción de alojamientos
protegidos.
1. Los promotores de estos alojamientos podrán
acogerse al mismo sistema de financiación que los promotores
de viviendas protegidas para arrendamiento a 25
años, de régimen especial cuando se trate de alojamientos
para colectivos especialmente vulnerables, o de régimen
general para los alojamientos destinados a otros
colectivos específicos.
Las cuantías de las subvenciones, por metro cuadrado
de superficie útil, serán las siguientes:
Alojamientos
para
colectivos
vulnerables
Alojamientos
para
colectivos
específi cos
Cuantía de la subvención (euros/m2
útil).
500 320
2. Salvo que la entidad de crédito colaboradora concedente
del préstamo así lo exija, no será necesario que el
préstamo convenido tenga garantía hipotecaria.
3. Los promotores podrán renunciar a la obtención
de un préstamo convenido, sin perjuicio de la subvención
a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
CAPÍTULO II
Eje 2: Ayudas a demandantes de viviendas
SECCIÓN 1.ª PROGRAMA DE AYUDA A LOS INQUILINOS
Artículo 38. Condiciones de los beneficiarios.
1. Para obtener las ayudas a los inquilinos, el solicitante
deberá:
a) Ser titular de un contrato de arrendamiento de
vivienda, formalizado en los términos de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
b) Ocupar la vivienda como domicilio habitual y
permanente, con las excepciones que establezcan, en su
caso, las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
c) Tener unos ingresos familiares que no excedan de
2,5 veces el IPREM. A estos efectos, se computarán los
ingresos de todos los titulares del contrato de arrendamiento.
2. Tendrán preferencia en el acceso a estas ayudas
los colectivos con derecho a protección preferente relacionados
en el apartado 2 del artículo 1 de este Real
Decreto, y los que determinen las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla.
3. No podrá concederse la ayuda cuando el solicitante:
a) Sea titular de otra vivienda, con las excepciones
que establece la letra a) del apartado 1 del artículo 3, y las
que determinen las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51921
b) Fuera ya beneficiario de esta ayuda, o de la renta
básica de emancipación regulada en el Real Decreto 1472/
2007, de 2 de noviembre.
c) Tuviera parentesco en primer o segundo grado de
consanguinidad o de afinidad con el arrendador de su
vivienda habitual.
d) Sea socio o partícipe de la persona jurídica que
actúa como arrendador.
Artículo 39. Cuantía y gestión de la ayuda.
1. Las ayudas a las que se refiere esta sección consistirán
en una subvención cuya cuantía máxima anual
será del 40 por ciento de la renta anual que se vaya a
satisfacer, y con un límite de 3.200 euros por vivienda,
con independencia del número de titulares del contrato
de arrendamiento.
2. La duración máxima de esta subvención será de 2
años, siempre que se mantengan las circunstancias que
dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la
ayuda.
3. No se podrá obtener nuevamente esta subvención
hasta transcurridos, al menos, cinco años desde la
fecha de su reconocimiento, con independencia de la
fecha de concesión de otras ayudas establecidas por las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
con cargo a sus presupuestos.
4. La subvención se hará efectiva al beneficiario,
bien directamente por las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla, o bien por éstas a través de la
agencia o sociedad pública que se encargue de la gestión
del arrendamiento.
5. Dentro de los límites de ingresos y de la cuantía
máxima de subvención, establecidos en este Real Decreto,
podrán establecerse requisitos adicionales a los beneficiarios
y graduarse dichos límites y cuantía, en los casos
y en la forma que establezcan la normativa de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
SECCIÓN 2.ª PROGRAMA DE AYUDAS A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y DE VIVIENDAS USADAS
Artículo 40. Condiciones de los solicitantes.
1. Para obtener las ayudas destinadas a acceder en
propiedad a las viviendas protegidas de nueva construcción
y a las usadas a que se refiere este Real Decreto, los
solicitantes habrán de cumplir las siguientes condiciones:
a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de
6,5 veces el IPREM, para poder obtener préstamos convenidos.
b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de
4,5 veces el IPREM para acogerse a las ayudas financieras
para el primer acceso a la vivienda en propiedad.
2. Podrán establecerse requisitos adicionales a los
beneficiarios y límites mínimos de ingresos familiares
para acceder a las ayudas financieras y préstamos convenidos
previstos en este Real Decreto, en los casos y según
las condiciones que establezcan las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla.
En cualquier caso, las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla establecerán las condiciones
para garantizar que no se disfrute simultáneamente más
de una vivienda.
3. Podrán acogerse a las ayudas financieras para
facilitar el primer acceso a la vivienda en propiedad,
aquellas personas que nunca han tenido una vivienda en
propiedad, o que han sido privados de su uso por causas
no imputables a los interesados, o cuando el valor de la
vivienda, o del derecho sobre la misma, según lo establecido
en la normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, no exceda del 25 por ciento del precio de la
vivienda que se pretende adquirir.
4. No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
podrán acogerse a estas ayudas financieras, las personas
que habiendo accedido a una vivienda en propiedad,
estén incluidas en las letras e), f) y j), del apartado 2 del
artículo 1 de este Real Decreto. Estas personas podrán
obtener nuevamente ayudas financieras, sin haber transcurrido
diez años desde la percepción de otras ayudas
para el mismo tipo de actuación, siempre que el préstamo
convenido se hubiera cancelado.
Artículo 41. Financiación de la adquisición de vivienda.
La financiación para la adquisición de una vivienda
podrá consistir en:
1. Préstamos convenidos.
2. Subsidiación de los préstamos convenidos.
3. Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE).
Artículo 42. Préstamos convenidos a los adquirentes.
1. Los adquirentes de viviendas protegidas de nueva
construcción, o de viviendas usadas, podrán obtener
préstamos convenidos, bien directamente o, en el primero
de los supuestos indicados, por subrogación en el
préstamo convenido del promotor, una vez obtenida la
calificación definitiva.
2. La cuantía máxima del préstamo será el 80 por
ciento del precio fijado en la escritura pública de compraventa
o de adjudicación, correspondiente a la superficie
útil computable a efectos de financiación.
Cuando se trate de préstamos a promotores individuales
para uso propio, la cuantía máxima será el 80 por
ciento del valor conjunto de la edificación y del suelo
determinado en la escritura de declaración de obra nueva,
con el límite correspondiente a la superficie útil computable
a efectos de financiación.
Si la vivienda tuviera garaje o anejo y trastero, vinculados
en proyecto y registralmente, la cuantía global del
préstamo podrá incrementarse para incluir hasta el 80 por
ciento del precio máximo de venta de aquéllos, si se trata
de préstamos al promotor, o hasta el 80 por ciento del
precio de adjudicación o del valor de la edificación
sumado al del suelo, si se trata de un promotor para uso
propio.
3. El préstamo tendrá un plazo mínimo de amortización
de 25 años, que podrá ampliarse previo acuerdo con
la entidad de crédito. En el caso de los préstamos al promotor
para uso propio, estará precedido de un período de
carencia que finalizará en la fecha de la calificación definitiva
de la vivienda y, como máximo, a los cuatro años de
la formalización del préstamo.
4. Los préstamos a adquirentes podrán ser objeto
de amortización anticipada total o parcial, a instancia del
interesado y con el acuerdo de la entidad de crédito,
según se establezca en los convenios con las entidades de
crédito colaboradoras, y sin perjuicio de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 44 de este Real Decreto.
5. Los adquirentes en primer acceso a una vivienda
en propiedad podrán ampliar el plazo de amortización de
sus préstamos convenidos hasta un máximo de tres años,
de acuerdo con la entidad de crédito, en caso de encontrarse
en situación de desempleo que pudiera motivar la
interrupción temporal en el pago de la cuota correspondiente.
La primera interrupción no podrá tener lugar antes
de la completa amortización de las 3 primeras anualidades.
En estos supuestos, la subsidiación de los préstamos
convenidos se reanudará cada vez que se reinicie el
período de amortización.
51922 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
6. En caso de préstamo convenido al promotor, y
salvo el supuesto de promoción individual para uso propio,
el otorgamiento de la correspondiente escritura
pública de compraventa o de adjudicación, interrumpirá
el período de carencia y el devengo de intereses correspondiente
a este período, y determinará el inicio del
período de amortización.
A partir del otorgamiento de la escritura pública, el
comprador o adjudicatario asumirá las responsabilidades
derivadas del préstamo hipotecario que grava la vivienda,
y deberá satisfacer las cuotas de amortización del principal
e intereses. A tal efecto, se remitirá copia simple de
dicho documento a la entidad de crédito, cuyos gastos
correrán por cuenta del promotor.
Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Ley Hipotecaria, se hubiese pactado que el comprador
o adjudicatario se subrogará, no sólo en las responsabilidades
derivadas del préstamo hipotecario, sino también
en la obligación personal con él garantizado, quedará
además subrogado en esta obligación si la entidad de
crédito prestase su consentimiento expreso o tácito.
7. La concesión de préstamos convenidos directamente
al comprador estará condicionada al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Que la vivienda haya obtenido la calificación definitiva,
cuando se trate de una vivienda protegida de
nueva construcción.
b) Que se haya celebrado contrato de compraventa
o adjudicación entre el comprador o adjudicatario y el
promotor o vendedor de la vivienda, visado por el órgano
competente de la Comunidad autónoma y ciudades de
Ceuta y Melilla, acreditando el cumplimiento de los requisitos
y condiciones necesarias para obtener la financiación
establecida en este Real Decreto. Entre la firma de
dicho contrato y la solicitud del visado no deberán transcurrir
más de 4 meses.
c) Que entre el visado de dicho contrato y la solicitud
del préstamo convenido a la entidad de crédito no
hayan transcurrido más de 6 meses.
d) Que el promotor que hubiera recibido un préstamo
convenido para la financiación de la vivienda lo
cancele previa o simultáneamente a la formalización del
préstamo con el comprador o adjudicatario de la misma.
Artículo 43. Subsidiación de préstamos convenidos a
los adquirentes.
1. El Ministerio de Vivienda subsidiará los préstamos
convenidos obtenidos por los adquirentes para el
primer acceso en propiedad a viviendas protegidas de
nueva construcción de régimen especial y general.
2. También subsidiará los préstamos convenidos
para la adquisición de viviendas usadas, cuyo precio de
venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda el
de las viviendas de régimen general, calificadas en ese
momento y en la misma ubicación, sin perjuicio del incremento
de precio que corresponda por la ubicación de la
vivienda en un ATPMS.
3. La cuantía y los períodos de la subsidiación serán
los que se indican a continuación:
La subsidiación se concederá por un período inicial de
5 años, que podrá ser renovado durante otro período de
igual duración y por la cuantía que corresponda, con las
siguientes condiciones:
a) La renovación deberá solicitarse por el beneficiario
de la subsidiación dentro del quinto año del período
inicial, acreditando que sigue reuniendo las condiciones
requeridas para la concesión de la ayuda según lo que
establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
b) No obstante, los ingresos familiares en el
momento de la solicitud de renovación podrán ser diferentes
de los acreditados inicialmente, siempre que no
excedan de 4,5 veces el IPREM.
3. Cuando se trate de colectivos incluidos en las
letras a), h), i), j), del apartado 2 del artículo 1 de este Real
Decreto, la cuantía de subsidiación correspondiente se
incrementará en 55 euros anuales por cada 10.000 euros
de préstamo convenido, si los ingresos familiares no
excedieran de 2,5 veces el IPREM, o en 33 euros anuales,
si dichos ingresos superan 2,5 veces pero no exceden de
4,5 veces el citado indicador, durante los primeros cinco
años del período de amortización del préstamo convenido.
4. Las cuantías abonadas por las entidades de crédito
colaboradoras en concepto de subsidiación de préstamos
convenidos, serán reintegradas por el Ministerio
de Vivienda a dichas entidades, al contado y sin intereses,
según se determine en los convenios de colaboración con
las mismas.
Artículo 44. Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE).
1. La Ayuda Estatal Directa a la Entrada podrá ser
obtenida por los adquirentes de viviendas protegidas de
régimen especial o general, y de viviendas usadas, en su
primer acceso en propiedad.
2. La obtención de la AEDE requerirá que la cuantía
del préstamo convenido no sea inferior al 60 por ciento
del precio de la vivienda, y que esta cuantía no se
reduzca por debajo de dicho porcentaje durante los 5
primeros años del período de amortización. En caso contrario,
será obligatorio el reintegro de la AEDE, y de las
restantes ayudas estatales financieras percibidas, incrementadas
con los intereses de demora que correspondan
desde su percepción, previstos en los artículos 37.1
y 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.
Se exceptúa el supuesto de fallecimiento de alguno de
los titulares del préstamo convenido.
3. La cuantía de la AEDE dependerá de los ingresos
familiares del solicitante y, en su caso, de otras circunstancias
personales o familiares, correspondiendo en cada
caso únicamente la más elevada de las siguientes:
Ingresos
de los
adquirentes

(N.º veces
IPREM)
Cuantías
generales
Jóvenes,
menores de
35 años
Familias incluidas
en las letras h), i), j),
del apartado 2 del
artículo 1
Colectivos incluidos
en las letras e), f), k)
del apartado 2 del
artículo 1
2,5 8.000 9.000 12.000 11.000
> 2,5
3,5
7.000 8.000 10.000 9.000
> 3,5
4,5
5.000 6.000 8.000 7.000
4. Cuando la vivienda estuviera ubicada en un
ATPMS, las cuantías de la AEDE se incrementarán en las
siguientes cuantías:
Ingresos de los adquirentes
(N.º veces IPREM)
Subsidiación
(Euros/
10.000
euros de
préstamo)
Duración período
de subsidiación (años)
Menor o igual a 2,5. 100 5 (renovables otros 5).
Entre 2,5 y 3,5. 80 5 (renovables otros 5).
Mayor de 3,5 y menor o
igual a 4,5.
60 5 (renovables otros 5).
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51923
Cuantía adicional de la AEDE por ubicación de la vivienda en un ATPMS
A B C
1.200 600 300
5. Con carácter excepcional, el Consejo de Ministros,
a iniciativa del Ministerio de Vivienda y propuesta de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
podrá modificar las cuantías de la AEDE, en función
de la evolución y perspectivas de los mercados de
vivienda y financieros.
6. La cuantía de la AEDE para los adquirentes de
viviendas protegidas o usadas en la Comunidad Autónoma
de Canarias, por su condición de región ultraperiférica
de la Unión Europea, se incrementará en 220 euros
adicionales, salvo que la vivienda se encuentre ubicada
en un ATPMS, en cuyo caso se aplicará únicamente el
incremento general establecido en el apartado 4 de este
artículo.
CAPÍTULO III
Eje 3: Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana
SECCIÓN 1.ª PROGRAMA DE ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE CONJUNTOS HISTÓRICOS, CENTROS URBANOS, BARRIOS DEGRADADOS
Y MUNICIPIOS RURALES (ARIS)
Artículo 45. Objeto del programa.
1. El programa de ARIS recoge las condiciones básicas
para obtener financiación del Plan en las actuaciones
de mejora de tejidos residenciales en el medio urbano y
rural, recuperando funcionalmente conjuntos históricos,
centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales,
que precisen la rehabilitación de sus edificios y
viviendas, la superación de situaciones de infravivienda,
y de intervenciones de urbanización o reurbanización de
sus espacios públicos.
2. En particular, podrán obtener la financiación establecida
en este Real Decreto las siguientes actuaciones:
a) En elementos privativos del edificio (viviendas),
las obras de mejora de la habitabilidad, seguridad, accesibilidad
y eficiencia energética.
b) En elementos comunes del edificio, las obras de
mejora de la seguridad, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia
energética, y la utilización de energías renovables.
c) En espacios públicos, las obras de urbanización,
reurbanización y accesibilidad universal, y el establecimiento
de redes de climatización y agua caliente sanitaria
centralizadas alimentadas con energías renovables.
3. La promoción de nuevas viviendas protegidas en
el área de rehabilitación integral (en adelante, ARI), en su
caso, estará sujeta a las condiciones y sistema de financiación
establecidas en este Real Decreto, incluyendo las
ayudas para la eficiencia energética definidas en el artículo
63.
Artículo 46. Condiciones de las áreas de rehabilitación
integral.
Las ARIS deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Condiciones generales:
a) Deberán haber sido declaradas por las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
b) El perímetro declarado del ARI habrá de incluir al
menos 200 viviendas. Excepcionalmente, esta cifra podrá
ser inferior en casos suficientemente motivados, acordados
en las comisiones bilaterales de seguimiento.
c) Las viviendas y edificios objeto de rehabilitación
deberán tener una antigüedad superior a 10 años, excepto
en supuestos suficientemente motivados y acordados en
las comisiones bilaterales de seguimiento.
d) Las viviendas que hayan obtenido ayudas de este
programa, habrán de destinarse a domicilio habitual y
permanente de su propietario, o al arrendamiento, al
menos durante 5 años tras la finalización de las obras de
rehabilitación.
2. Condiciones específicas de las ARIS en conjuntos
históricos.–Para poder acceder a las ayudas de este programa,
el conjunto histórico deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Haber sido declarado como tal, o tener al menos
expediente incoado al efecto, según la legislación estatal
o autonómica.
b) Contar con un plan especial de conservación,
protección y rehabilitación, o figura similar establecida
por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, y que cuente al menos con la aprobación inicial en
el momento de la solicitud.
3. Condiciones específicas de las ARIS en municipios
rurales.–Las ayudas del Plan correspondientes a este
programa serán destinadas a municipios rurales de
menos de 5.000 habitantes, conforme a lo establecido en
la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural. Excepcionalmente, podrán destinarse a municipios
de mayor población, en casos suficientemente motivados
acordados en las comisiones bilaterales de seguimiento.
Artículo 47. Condiciones generales de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas de este programa
podrán ser los promotores de la actuación y los propietarios
de las viviendas o edificios, inquilinos autorizados
por el propietario, o comunidades de propietarios incluidos
en el perímetro del ARI.
2. Los ingresos familiares de las personas físicas
beneficiarias de las ayudas no podrán exceder de 6,5
veces el IPREM, según determinen las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, cuando se trate
de la rehabilitación, para uso propio, de elementos privativos
de los edificios (viviendas).
3. Cuando la rehabilitación tenga por objeto los elementos
comunes del edificio, o la totalidad del mismo,
para destinarlo a arrendamiento, las condiciones de los
beneficiarios serán las que determinen las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Artículo 48. Financiación de las actuaciones protegidas.
1. Las ayudas a la financiación de las actuaciones
protegidas en ARIS consistirán en préstamos convenidos,
sin subsidiación, y subvenciones, destinadas a los promotores
de estas actuaciones, que se abonarán a través de
las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
o de la forma en que se acuerde con las mismas.
2. El presupuesto protegido es el coste máximo de
ejecución de la rehabilitación de las viviendas y edificios,
a cuyos efectos se computará una superficie útil máxima
de 90 metros cuadrados por vivienda.
3. Para acceder a esta financiación deberán suscribirse
los acuerdos correspondientes en las comisiones
bilaterales de seguimiento, con la participación del ayun51924
Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
tamiento en cuyo término municipal se ubique el área de
rehabilitación, de conformidad con lo que establece el
artículo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General
de Subvenciones.
Los acuerdos podrán estar referidos a un ARI completa
o, dentro de ésta, a una fase o cifra adicional de
objetivos a rehabilitar y financiar, sin que pueda superarse
la cifra global de objetivos convenidos para cada
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla. En
dichos acuerdos se concretará, además del número de
objetivos, el sistema de financiación adoptado, la aportación
financiera de cada una de las partes y la forma de
pago, así como los compromisos de las Administraciones
intervinientes y las fórmulas de seguimiento para la liquidación
efectiva de la subvención.
La ampliación de los objetivos a financiar en un área
previamente acordada con el Ministerio de Vivienda, precisará
un nuevo acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento
y la presentación previa de la documentación que
complemente la inicialmente aportada, según lo establecido
en el apartado 4 de este artículo.
De forma excepcional, a propuesta de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y por razones
de interés público debidamente motivadas, los acuerdos
podrán permitir eximir a los promotores de actuaciones
de rehabilitación de cumplir las limitaciones relativas a
metros cuadrados computables a efectos del cálculo del
presupuesto protegido, y niveles de ingresos de los solicitantes
de ayudas financieras.
4. Previo al acuerdo de la comisión bilateral de
seguimiento, el Ministerio de Vivienda deberá recibir la
siguiente documentación:
a) La delimitación geográfica precisa del perímetro
del ARI, sobre un plano parcelario a escala adecuada, y la
documentación gráfica y complementaria que recoja las
determinaciones estructurales pormenorizadas del planeamiento
vigente, así como todos los parámetros urbanísticos
que afecten al área delimitada.
b) Una Memoria-Programa compuesta, al menos,
por los siguientes documentos:
1.º Una Memoria justificativa de la situación de vulnerabilidad
social, económica y ambiental del ARI, debidamente
justificada sobre la base de indicadores e índices
estadísticos objetivos en relación con la media municipal,
autonómica y estatal o, en su defecto, sobre la base de
informes técnicos que avalen dicha situación. Esta Memoria
incluirá asimismo un Diagnóstico de la situación existente
y la enumeración de los objetivos de la actuación.
2.º Un Programa de Acciones Integradas coherente
con los objetivos enumerados en el Diagnóstico y que
especifique de forma pormenorizada las instituciones
públicas y privadas implicadas, la estimación de costes y
las fuentes de financiación y subvenciones previstas, así
como los compromisos establecidos para su puesta en
marcha, desarrollo y seguimiento, con justificación de la
viabilidad financiera de las operaciones propuestas.
El Programa de Acciones incluirá las medidas propuestas
en los siguientes ámbitos: Socio-económico, educativo
y cultural; dotaciones y equipamientos públicos; eficiencia
energética y utilización de energías renovables; y
mejora de la habitabilidad y accesibilidad del entorno
urbano y de las viviendas y edificios incluidos en el área.
La concesión de subvenciones para obras de urbanización
o reurbanización dentro del ámbito delimitado, estará
condicionada a la programación de actuaciones destinadas
a la mejora de la calidad medioambiental y la utilización
de energías renovables, a la recualificación de la
urbanización y de los espacios públicos, y a la mejora de
las infraestructuras urbanas.
El Programa de Acciones Integradas incluirá asimismo
un cuadro de indicadores de seguimiento, para verificar la
incidencia de las actuaciones en la mejora de la situación
de vulnerabilidad del área, y una Memoria que acredite la
participación ciudadana en el diseño del mismo.
3.º Determinación del Presupuesto protegido, a partir
del presupuesto total de la actuación, que incluye el
coste total de la rehabilitación de viviendas y edificios, la
urbanización, y los equipos técnicos de gestión del ARI.
4.º El Plan de realojo temporal y retorno que corresponda,
cuando legalmente sea necesario, con especificación
de la programación temporal y económica de los
realojos y de las medidas sociales complementarias para
la población afectada.
5. El promotor de la actuación podrá obtener un
préstamo convenido, sin subsidiación, cuya cuantía podrá
alcanzar la totalidad del presupuesto de aquélla, con un
período máximo de amortización de 15 años, precedido
de un período de carencia de hasta 3 años de duración.
Los propietarios u ocupantes de los edificios y viviendas
afectados por las actuaciones de rehabilitación del ARI
podrán subrogarse en dicho préstamo, momento a partir
del cual se iniciará el período de amortización.
En caso de que el promotor no hubiera obtenido préstamo
convenido, dichos propietarios u ocupantes podrán
obtener préstamos convenidos directos, sin subsidiación,
cuya cuantía podrá alcanzar la diferencia entre la totalidad
del presupuesto protegido de la rehabilitación de su
vivienda o edificio y el importe de las subvenciones concedidas.
El plazo de amortización, que se iniciará con la
expedición de la calificación definitiva, será de 15 años
como máximo, precedido de un período de carencia de
hasta 2 años, ampliable a 3 con el acuerdo de la entidad
de crédito, y la conformidad de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla.
En cualquier caso, en las calificaciones que éstas emitan
deberá constar expresamente que la actuación para la
que se reconoce el derecho a obtener préstamo convenido
se encuentra incluida en un ARI.
6. El Ministerio de Vivienda podrá conceder las
siguientes subvenciones para las actuaciones previstas en
cada ARI, con independencia de otras posibles ayudas por
parte de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla y los Ayuntamientos, y de otra financiación que
pudiera obtenerse de organismos internacionales:
a) Una subvención para la rehabilitación de viviendas
y edificios, y superación de situaciones de infravivienda,
por un importe máximo del 40 por ciento del Presupuesto
protegido, con una cuantía media máxima por
vivienda rehabilitada de 5.000 euros.
b) Una subvención destinada a las obras de urbanización
y reurbanización en el espacio público del ARI, por
un importe máximo del 20 por ciento del presupuesto de
dichas obras, con el límite del 20 por ciento de la subvención
establecida para el ARI en el párrafo anterior.
c) Una subvención para la financiación parcial del
coste de los equipos de información y gestión, cuyo
importe máximo no podrá exceder del 50 por ciento de
dicho coste, ni del 5 por ciento del presupuesto protegido
total del ARI.
7. En ARIS de centros históricos y municipios rurales,
las subvenciones de las letras a) y b) del apartado
anterior podrán alcanzar las siguientes cuantías:
a) La subvención media máxima se elevará a 6.600
euros, siempre que la cuantía global de las subvenciones
no exceda del 50 por ciento del presupuesto protegido
total del ARI.
b) La subvención para obras de urbanización y reurbanización
tendrá un máximo del 30 por ciento del presupuesto
de las obras, con el límite del 30 por ciento de la
subvención.
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51925
SECCIÓN 2.ª PROGRAMA DE ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA
(ARUS)
Artículo 49. Objeto del programa.
El programa de ARUS establece las condiciones básicas
para obtener financiación del Plan para la renovación
integral de barrios o conjuntos de edificios de viviendas
que precisan de actuaciones de demolición y sustitución
de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la
creación de dotaciones y equipamientos, y de mejora de
la accesibilidad de sus espacios públicos, incluyendo, en
su caso, procesos de realojo temporal de los residentes.
En particular, podrán obtener la financiación establecida
en este programa las siguientes actuaciones:
a) La demolición de las edificaciones existentes.
b) La construcción de edificios destinados a viviendas
protegidas.
c) La urbanización y reurbanización de los espacios
públicos.
d) Los programas de realojo temporal de los residentes.
Artículo 50. Condiciones de las áreas de renovación
urbana.
Las ARUS deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Deberán haber sido declaradas por las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
b) El perímetro declarado del área de renovación
urbana (en adelante, ARU) incluirá un conjunto agrupado
de más de 4 manzanas de edificios, o más de 200 viviendas.
Excepcionalmente, el ámbito podrá ser menor, en
casos suficientemente motivados acordados en las comisiones
bilaterales de seguimiento.
c) Las viviendas objeto de las actuaciones de renovación
deberán tener una antigüedad mayor de 30 años,
excepto en casos suficientemente motivados acordados
en las comisiones bilaterales de seguimiento.
d) La mayor parte de las viviendas incluidas en el
ARU deberá encontrarse, respecto a los requisitos básicos
de la edificación, por debajo de los estándares mínimos
establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, en el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación, y demás normativa que resulte de aplicación.
e) La mayor parte de los edificios deberá encontrarse
en situación de agotamiento estructural y de sus
elementos constructivos básicos, que exija la demolición
y reconstrucción de los mismos. Serán daños computables
a estos efectos no sólo aquellos cuya reparación se
exija por razones de seguridad del edificio, sino también
los que impidan una normal habitabilidad del mismo.
f) Al menos un 60 por ciento de la edificabilidad
existente, o de la resultante según el planeamiento
vigente para el ARU, deberá estar destinada a uso residencial.
g) Sólo podrán acogerse a la financiación establecida
en este Real Decreto, las viviendas resultantes de la
renovación, sujetas a alguno de los regímenes de protección
regulados en este Real Decreto, en las condiciones
que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
h) En el momento de solicitar financiación en el
marco de este Real Decreto, las ARUS incluidas o vinculadas
a operaciones de reforma interior que hagan necesaria
una nueva ordenación pormenorizada del ámbito, o la
aprobación del instrumento de equidistribución que
corresponda, deberán contar, al menos, con la aprobación
inicial del instrumento de ordenación urbanística o
de ejecución necesario.
Artículo 51. Condiciones generales de los beneficiarios.
Los promotores del ARU, deberán comprometerse a
iniciar la construcción de, al menos, el 50 por ciento de las
viviendas protegidas objeto de las ayudas, dentro del
plazo máximo de 3 años desde el acuerdo de financiación
en la comisión bilateral de seguimiento.
Artículo 52. Financiación de las actuaciones protegidas.
1. La financiación de las actuaciones protegidas en
ARUS consistirá en préstamos convenidos, sin subsidiación,
y subvenciones, destinadas a los promotores de
estas actuaciones, que se abonarán a través de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, o de la
forma que se acuerde con las mismas.
2. El presupuesto protegido es el coste máximo de
construcción de las viviendas protegidas a sustituir, que
será el 85 por ciento del precio máximo de una vivienda
protegida del mismo régimen, calificada en el momento
de suscripción del acuerdo de la comisión bilateral y en la
misma ubicación, con una superficie útil máxima, a efectos
de financiación, de 90 metros cuadrados. Si la actuación
afectara a más de 500 viviendas, dicho porcentaje se
reducirá al 80 por ciento.
3. Para acceder a esta financiación deberán suscribirse
los acuerdos correspondientes en las comisiones
bilaterales de seguimiento, con la participación del ayuntamiento
en cuyo término municipal se ubique el área de
renovación urbana, de conformidad con lo que establece
el artículo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General
de Subvenciones.
Los acuerdos podrán estar referidos a un ARU completa
o, dentro de ésta, a una fase o cifra adicional de
objetivos a renovar y financiar, sin que pueda superarse
la cifra global de objetivos convenidos para cada Comunidad
autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla. En dichos
acuerdos se concretará, además del número de objetivos,
el sistema de financiación adoptado, la aportación financiera
de cada una de las partes y la forma de pago, así
como los compromisos de las Administraciones intervinientes
y las fórmulas de seguimiento para la liquidación
efectiva de la subvención.
La ampliación de los objetivos a financiar en un área
previamente acordada con el Ministerio de Vivienda, precisará
un nuevo acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento
y la presentación previa de la documentación que
complemente la inicialmente aportada, según lo establecido
en el apartado 4 de este artículo.
4. Previo al acuerdo de la comisión bilateral de
seguimiento, el Ministerio de Vivienda deberá recibir la
siguiente documentación:
a) La delimitación geográfica precisa del perímetro
del ARU, sobre un plano parcelario a escala adecuada, y la
documentación gráfica y complementaria que recoja las
determinaciones estructurales pormenorizadas del planeamiento
vigente, así como todos los parámetros urbanísticos
que afecten al área delimitada.
b) Una Memoria-Programa que estará compuesta,
al menos, por los documentos que se relacionan en el
apartado 4 del artículo 48.
5. El promotor de las actuaciones podrá obtener un
préstamo convenido, sin subsidiación, cuya cuantía
máxima será la diferencia entre el presupuesto de construcción
de las viviendas protegidas en el ARU y la cuantía
de las subvenciones concedidas, con el período
51926 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
máximo de carencia y amortización establecido para la
promoción de viviendas protegidas de nueva construcción
en el artículo 33 de este Real Decreto. Los propietarios
u ocupantes de las viviendas protegidas podrán
subrogarse en dicho préstamo, momento a partir del cual
se iniciará el período de amortización.
En cualquier caso, en las calificaciones que emitan las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
deberá constar expresamente que la actuación para la
que se reconoce el derecho a obtener préstamo convenido
se encuentra incluida en un ARU.
6. El Ministerio de Vivienda podrá conceder las
siguientes subvenciones para la financiación de las actuaciones
previstas en cada ARU, con independencia de
otras posibles ayudas por parte de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos,
y de otra financiación que pudiera obtenerse de organismos
internacionales:
a) Una subvención para la sustitución de las viviendas
existentes, por un importe máximo del 35 por ciento
del presupuesto protegido del ARU (coste de construcción
de las viviendas renovadas), con una cuantía máxima
media por vivienda renovada de 30.000 euros, no extensible
a otras nuevas viviendas, libres o protegidas, que
ampliaran el número de las viviendas preexistentes.
b) Una subvención destinada a las obras de urbanización
en el espacio público del ARU por un importe
máximo del 40 por ciento del presupuesto de dichas
obras, con un límite del 40 por ciento de la subvención
establecida para el ARU en el párrafo anterior.
A estos efectos, el coste máximo de construcción de
las viviendas protegidas será del 85 por ciento del precio
máximo de una vivienda protegida del mismo régimen,
calificada en el momento de suscripción del
acuerdo de la comisión bilateral y en la misma ubicación,
con una superficie útil máxima, a efectos de financiación,
de 90 metros cuadrados. Si la actuación afectara
a más de 500 viviendas, dicho porcentaje se
reducirá al 80 por ciento.
c) Una subvención para realojos temporales, con
una cuantía media máxima por unidad familiar a realojar
de 4.500 euros anuales, hasta la calificación definitiva de
su nueva vivienda, sin exceder de un máximo de 4 años.
d) Una subvención para la financiación parcial del
coste de los equipos de información y gestión, cuyo
importe máximo no podrá exceder del 50 por ciento de
dicho coste, ni del 7 por ciento del presupuesto protegido
del ARU.
e) La promoción de nuevas viviendas protegidas
que ampliaran el número de las preexistentes en el ARU,
a que se refiere la letra a), podrá acogerse a la financiación
establecida con carácter general en este Real Decreto
para cada tipología.
Artículo 53. Precios máximos y financiación de la adquisición
de las nuevas viviendas protegidas.
1. Los precios máximos de las nuevas viviendas protegidas
del ARU serán fijados por las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, con los límites
máximos establecidos en este Real Decreto para los diferentes
regímenes de viviendas protegidas para venta o
alquiler.
2. Los titulares de las viviendas sustituidas podrán
acceder a los préstamos convenidos a los que se refiere el
apartado 5 del artículo 52, mientras que los nuevos titulares
de las viviendas protegidas de nueva construcción,
que no fueran titulares de las viviendas sustituidas,
podrán acceder a la financiación establecida con carácter
general para los adquirentes de viviendas protegidas.
SECCIÓN 3.ª PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ERRADICACIÓN
DEL CHABOLISMO
Artículo 54. Objeto del programa.
El programa de ayudas para la erradicación del chabolismo
recoge las condiciones para obtener financiación
del Plan, en las actuaciones destinadas a tal fin. Se entenderá
por situación de chabolismo el asentamiento precario
e irregular de población en situación o riesgo de exclusión
social, con graves deficiencias de salubridad, hacinamiento
de sus moradores y condiciones de seguridad y
habitabilidad muy por debajo de los requerimientos mínimos
aceptables.
Artículo 55. Beneficiarios de las ayudas.
Los beneficiarios de las ayudas podrán ser personas
jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro.
Artículo 56. Financiación de las actuaciones protegidas.
1. La financiación para las actuaciones protegidas
consistirá en subvenciones, destinadas a las entidades
públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que dispongan de
programas específicos o de colaboración para la erradicación
de situaciones de chabolismo. Las ayudas se harán
abonadas a través de las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla o de la forma que se acuerde con
las mismas.
2. Para acceder a esta financiación, deberán suscribirse
los acuerdos correspondientes en la comisión bilateral
de seguimiento con la participación del ayuntamiento
en cuyo término municipal se ubique el
asentamiento, de conformidad con lo que establece el
artículo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General
de Subvenciones.
Los acuerdos podrán estar referidos a un asentamiento
completo o, dentro de éste, a una fase o número
determinado de objetivos, sin que pueda superarse la
cifra global de objetivos convenidos para cada Comunidad
Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla. En dichos
acuerdos se concretarán, además del número de objetivos,
el sistema de financiación adoptado, la aportación
financiera de cada una de las partes y la forma de pago,
así como los compromisos de las Administraciones intervinientes
y las fórmulas de seguimiento para la liquidación
efectiva de la subvención.
La ampliación de los objetivos a financiar en un área
previamente acordada con el Ministerio de Vivienda, precisará
un nuevo acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento
y la presentación previa de la documentación que
complemente la inicialmente aportada, según lo establecido
en el apartado 3 de este artículo.
3. Previo al acuerdo de la comisión bilateral de
seguimiento, el Ministerio de Vivienda deberá recibir una
Memoria-programa que incluya, al menos, los siguientes
documentos:
a) La delimitación geográfica precisa del asentamiento.
b) Número de personas o de unidades familiares
que lo componen.
c) Condiciones físicas del asentamiento.
d) Características socioeconómicas de la población.
e) Un Plan de realojos, que deberá incluir la programación
temporal y económica de los mismos, la previsión
de alojamiento y las medidas sociales complementarias
para la población afectada.
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51927
f) Las fórmulas de participación y los compromisos
de cada una de las Administraciones y agentes institucionales
y sociales, públicos o privados, implicados en la
erradicación del asentamiento.
4. El Ministerio de Vivienda podrá colaborar en las
actuaciones a que se refiere este programa, mediante
ayudas destinadas al realojo de los ocupantes del asentamiento
en viviendas en régimen de arrendamiento, y al
acompañamiento social en los procesos de realojo, con
las siguientes subvenciones:
a) Una subvención para el realojo de cada unidad
familiar, cuya cuantía máxima será el 50 por ciento de la
renta anual que se vaya a satisfacer, con un máximo de
3.000 euros anuales por vivienda.
La duración máxima de esta ayuda coincidirá con la
del Plan de realojos previsto en la Memoria-programa
presentada, sin que pueda exceder de 4 años, y condicionada
a que se mantengan las circunstancias que dieron
lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.
b) Una subvención para la financiación parcial del
coste de los equipos de gestión y de acompañamiento
social, cuyo importe máximo será del 10 por ciento del
importe total de las subvenciones al realojo de las unidades
familiares del asentamiento establecidas en la
letra a).
CAPÍTULO IV
Eje 4: Ayudas RENOVE de rehabilitación
y eficiencia energética
SECCIÓN 1.ª PROGRAMA DE AYUDAS RENOVE A LA REHABILITACIÓN
DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE VIVIENDAS EXISTENTES
Artículo 57. Condiciones de los beneficiarios de las ayudas.
1. Los beneficiarios de las ayudas de este programa
podrán ser los promotores de la actuación y los propietarios
de las viviendas o edificios, inquilinos autorizados
por el propietario, o en comunidades de propietarios.
2. Los ingresos familiares de las personas físicas
beneficiarias de las ayudas no podrán exceder de 6,5 veces
el IPREM, según determinen las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, cuando se trate de la rehabilitación,
para uso propio, de elementos privativos de los
edificios (viviendas).
3. Cuando la rehabilitación tenga por objeto los elementos
comunes del edificio, o la totalidad del mismo,
para destinarlo a arrendamiento, las condiciones de los
beneficiarios serán las que determinen las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, sin exceder los
límites de ingresos determinados en este Real Decreto.
Artículo 58. Actuaciones protegidas.
1. Se consideran actuaciones protegidas a efectos
de su financiación en el marco de este Real Decreto, las
siguientes:
a) Actuaciones para mejorar la eficiencia energética,
la higiene, salud y protección del medio ambiente en los
edificios y viviendas, y la utilización de energías renovables.
b) Actuaciones para garantizar la seguridad y la
estanqueidad de los edificios.
c) Actuaciones para mejora de la accesibilidad al
edificio y/o a sus viviendas.
2. Se considerarán actuaciones para la mejora de la
eficiencia energética, la higiene, salud y protección del
medio ambiente en los edificios y viviendas y la utilización
de energías renovables, las siguientes:
a) Instalación de paneles solares, a fin de contribuir
a la producción de agua caliente sanitaria demandada por
las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 por
ciento de la contribución mínima exigible para edificios
nuevos, según lo establecido en la sección HE-4 «Contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria» del DB-HE
del Código Técnico de la Edificación.
b) Mejora de la envolvente térmica del edificio para
reducir su demanda energética, mediante actuaciones
como el incremento del aislamiento térmico, la sustitución
de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u
otras, siempre que se demuestre su eficacia energética,
considerando factores como la severidad climática y las
orientaciones.
c) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones
térmicas que incrementen su eficiencia energética o la
utilización de energías renovables.
d) Mejora de las instalaciones de suministro e instalación
de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua
y, así como la realización de redes de saneamiento separativas
en el edificio que favorezcan la reutilización de las
aguas grises en el propio edificio y reduzcan el volumen
de vertido al sistema público de alcantarillado.
e) Cuantas otras sirvan para cumplir los parámetros
establecidos en los Documentos Básicos del Código Técnico
de la Edificación DB-HE de ahorro de energía, DB-HS
Salubridad, y DB-HS, protección contra el ruido.
3. Se considerarán actuaciones para garantizar la
seguridad y la estanqueidad de los edificios las siguientes:
a) Cualquier intervención sobre los elementos
estructurales del edificio tales como muros, pilares, vigas
y forjados, incluida la cimentación, que esté destinada a
reforzar o consolidar sus deficiencias con objeto de alcanzar
una resistencia mecánica, estabilidad, y aptitud al
servicio que sean adecuadas al uso del edificio.
b) Las instalaciones eléctricas, con el fin de adaptarlas
a la normativa vigente.
c) Cualquier intervención sobre los elementos de la
envolvente afectados por humedades, como cubiertas y
muros, de forma que se minimice el riego de afección al
edificio y a sus elementos constructivos y estructurales,
por humedades provenientes de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentías, del terreno o de condensaciones.
4. Se considerarán actuaciones para la mejora de la
accesibilidad las actuaciones tendentes a adecuar los edificios
de viviendas o las viviendas a la Ley 49/1960, de 21
de junio, sobre Propiedad Horizontal, modificada por la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, a lo regulado en desarrollo
del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
y edificaciones, o a la normativa autonómica en materia
de promoción de la accesibilidad. En particular:
a) La instalación de ascensores o adaptación de los
mismos a las necesidades de personas con discapacidad
o a las nuevas normativas que hubieran entrado en vigor
tras su instalación.
b) La instalación o mejora de rampas de acceso a
los edificios, adaptadas a las necesidades de personas
con discapacidad.
c) La instalación o mejora de dispositivos de acceso
a los edificios, adaptados a las necesidades de personas
con discapacidad sensorial.
51928 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
d) La instalación de elementos de información que
permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores
de manera que las personas tengan una referencia
adecuada de dónde se encuentran.
e) Obras de adaptación de las viviendas a las necesidades
de personas con discapacidad o de personas
mayores de 65 años.
Artículo 59. Financiación de las actuaciones protegidas.
1. La financiación para las actuaciones protegidas de
rehabilitación a que se refiere este programa consistirá en:
a) Edificios de viviendas: Préstamos convenidos, con
o sin subsidiación, acompañados en este último supuesto
de subvenciones destinadas a los promotores, que se
abonarán a través de las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla o de la forma que se acuerde con
las mismas.
b) Viviendas: Subvenciones, abonadas en las mismas
condiciones que para los edificios de vivienda.
2. El presupuesto protegido, en las actuaciones
sobre edificios, será el coste total de las obras a realizar
sobre los elementos comunes e instalaciones generales,
incluidas las necesarias sobre las partes afectadas en
viviendas y locales comerciales.
El presupuesto protegido, en las actuaciones sobre
viviendas, será el coste total de la rehabilitación de las
mismas.
En ambos tipos de actuaciones, se computará un
máximo de 90 metros cuadrados útiles por vivienda
resultante de la actuación o local afectado por ella y, en
rehabilitación de edificios, para garajes o anejos y trasteros,
la misma superficie máxima que en la promoción de
viviendas protegidas, sin que la cuantía máxima del presupuesto
protegido, por metro cuadrado útil, supere el 70
por 100 del módulo básico estatal vigente en el momento
de la calificación provisional de la actuación.
3. No será objeto de ayudas financieras la rehabilitación
de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención
de préstamo convenido cuando se trate de la rehabilitación
de elementos comunes de edificios y los locales
participen en los costes de ejecución.
4. Será condición necesaria para poder acceder a la
financiación establecida en este programa, que al menos
el 25 por ciento del presupuesto de las actuaciones protegidas
esté dedicado a la utilización de energías renovables,
la mejora de la eficiencia energética, la higiene,
salud y protección del medio ambiente, y la accesibilidad
del edificio.
5. No podrán obtener la financiación correspondiente
a este programa aquellas actuaciones de rehabilitación
que tengan por objeto viviendas o edificios de
viviendas ubicados en ARIS o en ARUS.
Artículo 60. Financiación de la rehabilitación de edificios
de viviendas.
1. Los préstamos convenidos, además de las generales
establecidas en este Real Decreto, tendrán las
siguientes características:
a) El préstamo convenido podrá alcanzar la totalidad
del presupuesto protegido.
b) El plazo de amortización, que se iniciará con la
expedición de la calificación definitiva, será de quince
años como máximo, precedido de un período de carencia
de hasta 2 años, ampliable a 3 años, con el acuerdo de la
entidad de crédito y a criterio de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Podrán obtener préstamo convenido para financiar
la actuación protegida de rehabilitación de un edificio,
todos los propietarios u ocupantes de las viviendas,
con independencia de sus ingresos familiares.
2. La cuantía de la subsidiación de préstamos convenidos
será la siguiente:
a) Cuando el titular del préstamo sea arrendatario, o
propietario de una o varias viviendas en el edificio objeto
de rehabilitación, y sus ingresos familiares no excedan
de 6,5 veces el IPREM, la subsidiación será de 140 euros
anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido.
b) Cuando el titular del préstamo tuviera una o
varias viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento
sujeto a prórroga forzosa celebrado con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no se exigirá el
requisito relativo a límite de ingresos familiares y la subsidiación
para el arrendador de dichas viviendas será de
175 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo
convenido.
3. La subvención a la rehabilitación de edificios solicitada
por la comunidad de propietarios, será incompatible
con la subsidiación del préstamo convenido, y tendrá
una cuantía máxima del 10 por ciento del presupuesto
protegido, a distribuir en función de los criterios que establezcan
las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, y con un límite de 1.100 euros por vivienda.
Además, podrán obtener una subvención los propietarios
u ocupantes de las viviendas del edificio, promotores
de la rehabilitación, cuyos ingresos familiares no
excedan de 6,5 veces el IPREM y cuya cuantía máxima
será del 15 por ciento del presupuesto protegido, con el
límite de 1.600 euros con carácter general, o de 2.700
euros cuando tengan más de 65 años o se trate de personas
con discapacidad y las obras se destinen a la eliminación
de barreras o a la adecuación de la vivienda a sus
necesidades específicas.
Artículo 61. Financiación de la rehabilitación de viviendas.
La financiación de la rehabilitación de viviendas consistirá
en subvenciones, con las siguientes cuantías:
a) La cuantía máxima de la subvención por vivienda
será del 25 por ciento del presupuesto protegido, con el
límite de 2.500 euros con carácter general, o de 3.400
euros cuando los propietarios u ocupantes de las viviendas
tengan más de 65 años o se trate de personas con
discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de
barreras o a la adecuación de la vivienda a sus necesidades
específicas.
b) En el supuesto de que el propietario u ocupante
de una vivienda, promotor de su rehabilitación, la destine
al alquiler durante un plazo mínimo de 5 años, en las condiciones
establecidas por este Real Decreto para las
viviendas protegidas destinadas a dicho uso, la cuantía de
la subvención a la que se refiere la letra a) anterior será
como máximo de 6.500 euros.
Artículo 62. Financiación de la rehabilitación de viviendas
unifamiliares aisladas.
Cuando se trate de una vivienda unifamiliar aislada
que precisara de obras de rehabilitación, la financiación
será la que corresponda a la actuación predominante,
según dispongan las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51929
SECCIÓN 2.ª PROGRAMA DE AYUDAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
Artículo 63. Ayudas en la promoción de viviendas protegidas.
1. Los promotores de viviendas calificadas como
protegidas cuyos proyectos obtengan una calificación
energética de la clase A, B o C, según lo establecido en el
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética de edificios de nueva construcción,
podrán acceder a una subvención con las siguientes
cuantías:
Niveles de califi cación energética
A B C
S u b v e n c i ó n
(euros/vivienda)
3.500 2.800 2.000
2. Las mismas ayudas podrán obtenerse para la promoción
de viviendas protegidas de nueva construcción
en ARIS y ARUS.
3. Estas ayudas son incompatibles, siempre que se
dirijan a la misma finalidad, con las correspondientes al Plan
de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética para el período
2008-2012, y al Plan de Energías Renovables 2005-2010, del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE).
CAPÍTULO V
Eje 5: Ayudas para adquisición y urbanización de suelo
para vivienda protegida
Artículo 64. Condiciones de las actuaciones protegidas.
1. Serán actuaciones protegidas las de urbanización
y adquisición del suelo para su inmediata edificación, en
las condiciones establecidas en el apartado 5 de este
artículo, y destinado mayoritariamente a la promoción de
viviendas protegidas en el marco de este Real Decreto, o
según normativa propia de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, siempre que cumplan los
requisitos exigidos a aquéllas por lo que se refiere a
superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil, niveles máximos de ingresos
de los adquirentes y período mínimos de calificación de
las viviendas.
2. A los efectos del apartado anterior, al menos el 50
por ciento de la edificabilidad residencial de la unidad de
actuación deberá destinarse a vivienda protegida.
3. Podrán acogerse a la financiación establecida en
este Real Decreto para las Áreas de Urbanización Prioritaria
de Suelo (en adelante, AUP), aquellas en las que, al
menos, el 75 por ciento de la edificabilidad residencial de
la unidad de actuación se destine a la promoción inmediata
de viviendas protegidas, y que sean objeto de
acuerdo de la correspondiente comisión bilateral de
seguimiento, con la participación del Ayuntamiento
correspondiente.
4. Cuando el suelo objeto de urbanización forme
parte de patrimonios públicos de suelo, se considerará
que dicho suelo constituye un AUP cuando al menos el 50
por ciento de la edificabilidad residencial total se destine
a viviendas protegidas para arrendamiento, o a viviendas
calificadas como protegidas de régimen especial o de
promoción pública. Esta afectación del suelo a dichas
finalidades deberá inscribirse registralmente.
5. En las AUP la actuación protegida podrá incluir la
adquisición onerosa del suelo a urbanizar, siempre que
éste aún no haya sido adquirido en el momento de la solicitud
de las ayudas.
Artículo 65. Requisitos para acceder a la financiación.
1. Los promotores deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Acreditar previamente la propiedad del suelo,
una opción de compra, un derecho de superficie o un concierto
formalizado con quien ostente la titularidad del
suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades
para efectuar la urbanización.
b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del
plazo máximo de 3 años, por sí, o mediante concierto con
promotores de viviendas, la construcción de, al menos,
un 30 por ciento de las viviendas protegidas de nueva
construcción. El cómputo del plazo se iniciará a partir de
la conformidad del Ministerio de Vivienda a la concesión
de la subvención a la que se refiere el artículo siguiente,
salvo que el planeamiento vigente o la legislación urbanística
aplicable establezcan otro plazo diferente.
c) Adjuntar a la solicitud de financiación una memoria
de viabilidad técnico-financiera y urbanística del proyecto,
en la que se especificará la aptitud del suelo objeto
de actuación para los fines perseguidos, los costes de la
actuación protegida, la edificabilidad residencial, y el
número de viviendas a construir ya sean libres o protegidas,
según tipología y otras características que puedan
dar lugar a la obtención de las subvenciones establecidas
en esta materia. Asimismo, la memoria deberá contener
la programación temporal pormenorizada de la urbanización
y edificación, el precio de venta de las viviendas
protegidas y demás usos previstos del suelo, el desarrollo
financiero de la operación, así como los criterios de sostenibilidad
que se aplicarán a la urbanización.
2. Para poder acogerse a la financiación correspondiente
a las AUP, será necesario que se formalice un
acuerdo de colaboración, en el marco de las comisiones
bilaterales de seguimiento, con la participación del Ayuntamiento
en cuyo término municipal se ubique la actuación
de urbanización. En este acuerdo, conforme al
número de objetivos y del volumen de recursos estatales
convenidos, se concretarán las condiciones de financiación
y, en su caso, los compromisos y aportaciones financieras
de la comunidad autónoma y del municipio correspondiente,
así como el sistema de seguimiento y
evaluación de las actuaciones acordadas.
3. No se podrá obtener financiación para las actuaciones
en materia de suelo cuando la solicitud de las mismas
sea presentada con posterioridad a la obtención del
préstamo convenido correspondiente a las viviendas protegidas
de nueva construcción a edificar en dicho suelo.
Tampoco cabrá la obtención de ayudas financieras
cuando la unidad de ejecución, o parte de la misma, ya las
hubiera recibido, incluso en el marco de planes estatales
anteriores.
4. Deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad
la afectación del suelo objeto de financiación a la finalidad
establecida, por lo que se refiere a número de viviendas
protegidas previstas, incluyendo sus tipologías y otras
características que puedan dar lugar a la obtención de las
subvenciones establecidas en esta materia.
Artículo 66. Financiación de las actuaciones protegidas.
1. Los promotores de las actuaciones protegidas
podrán obtener préstamos convenidos que, además de
51930 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
las condiciones generales establecidas en este Real
Decreto, tendrán las siguientes características:
a) La cuantía del préstamo convenido no podrá
exceder del producto de la superficie edificable, según
figure en la memoria de viabilidad técnico-financiera del
proyecto, multiplicada por el 20 por ciento del MBE
vigente en el momento de la calificación de la actuación
como protegida, y sin exceder del coste total de la actuación.
b) La suma de los períodos de amortización y, en su
caso, de carencia, que será como máximo de 2 años, no
podrá superar los 4 años.
c) No será necesaria garantía hipotecaria, salvo que
la entidad de crédito colaboradora lo considere necesario.
Si el préstamo tuviera garantía hipotecaria, quedará vencido
anticipadamente en el supuesto de que antes de
concluir los plazos determinados en el párrafo b), el prestatario
transmitiera a título oneroso el suelo objeto de la
financiación, salvo que el adquirente de dicho suelo se
subrogara en dicho préstamo.
d) El préstamo concedido a una actuación de suelo
vencerá anticipadamente, cuando se obtuviera un nuevo
préstamo para financiar la promoción de viviendas que
acometa el prestatario por sí mismo o mediante concierto
con un promotor.
La escritura de préstamo para suelo podrá prever que
si el promotor de suelo, antes de haber concluido el plazo
de amortización del préstamo correspondiente, obtiene la
calificación provisional de viviendas protegidas, podrá
adaptar las características de dicho préstamo a las del
préstamo a promotores de viviendas protegidas de nueva
construcción, y por una cuantía máxima que no exceda de
la establecida para estas viviendas.
2. El Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor,
por cada vivienda protegida a construir en la Unidad
de Actuación, en función de:
a) El porcentaje de edificabilidad residencial destinado
a viviendas protegidas.
b) El porcentaje previsto de viviendas protegidas
que van a ser calificadas para arrendamiento o viviendas
protegidas de régimen especial, dentro del conjunto de
las viviendas protegidas, en los grupos siguientes:
Grupo de la actuación protegida:
Porcentaje de edifi cabilidad residencial
protegida destinada a vivienda
protegida en alquiler y/o a vivienda
protegida de régimen especial.
Grupo 1 40%
Grupo 2 20% < 40%
Grupo 3 < 20%
c) La adquisición onerosa, del suelo, en su caso.
d) La ubicación del suelo en alguno de los ATPMS.
Dichas subvenciones tendrán las siguientes cuantías
máximas:
Porcentaje de edifi cabilidad residencial
para viviendas protegidas
Subvención
general (€/
vivienda
protegida)
Subvención adicional en ATPMS (€/
vivienda protegida)
Subvención adicional por vivienda
protegida destinada a alquiler y/o a
régimen especial (€/vivienda protegida)
A B C Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
> 50% 75% 700 300 235 115
> 75% (AUP)
Sin adquisición de suelo 1.700 700 470 225 1.700 1.500 300
Con adquisición de suelo 2.000
El abono de estas subvenciones se fraccionará en función
del grado de desarrollo y justificación de la inversión
y de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio
de Vivienda.
Cuando la programación temporal inicialmente establecida
se modifique sin que las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla lo hayan autorizado en
el marco del convenio suscrito con el Ministerio de
Vivienda, o cuando los retrasos en el cumplimiento de
dicha programación, salvo causa justificada, pongan de
manifiesto el incumplimiento del plazo máximo de construcción
de viviendas protegidas establecido en el artículo
65.1.b), será de aplicación lo establecido en este Real
Decreto respecto a su incumplimiento.
Artículo 67. El operador público de suelo SEPES.
Con objeto de fomentar la urbanización de suelo para
vivienda protegida, la Entidad Pública Empresarial de
Suelo (SEPES), en el marco del Plan, podrá colaborar en
los siguientes cometidos:
a) La promoción de suelo urbano para uso residencial
y otros usos compatibles.
b) La adquisición, por cualquier título, de terrenos
destinados a la formación de reservas de suelo, preparación
de solares o cualquier otra finalidad análoga.
c) La ejecución de planes y proyectos de urbanización,
la creación de infraestructuras urbanísticas y las
actuaciones protegidas en materia de vivienda que le
encomienden las Administraciones competentes.
CAPÍTULO VI
Eje 6: Ayudas a instrumentos de información
y gestión del plan
Artículo 68. Objeto del programa.
1. El programa de ayudas a instrumentos de información
y gestión del Plan recoge las condiciones básicas
de financiación para la creación y mantenimiento de sistemas
de información a los ciudadanos, y el control y gestión
de las relaciones entre el Ministerio de Vivienda y las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
en el desarrollo del Plan.
2. En particular, podrán recibir ayudas:
a) Los sistemas informáticos de gestión del Plan.
b) Los registros de demandantes.
c) Las ventanillas únicas de información y gestión
sobre ayudas del Plan y de otras actuaciones de las políticas
de vivienda.
d) Los programas de difusión del Plan y de su desarrollo
y ejecución.
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51931
Artículo 69. Beneficiarios de la financiación.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa
las administraciones y empresas públicas que lleven
a cabo actuaciones de las indicadas en el apartado 2
del artículo anterior.
Artículo 70. Financiación.
La financiación de los instrumentos de información y
gestión consistirá en subvenciones cuya cuantía se determinará
en los convenios de colaboración entre el Ministerio
de Vivienda y las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
El Ministerio de Vivienda podrá emplear parte de los
recursos presupuestarios asignados al Plan para dotarse
de sistemas informáticos de seguimiento y gestión del
mismo, que faciliten el intercambio de datos e información
con los sistemas propios de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, así como para elaborar
un manual de imagen institucional para la gestión e
identificación ante el ciudadano de las actuaciones protegidas
del Plan.
Disposición adicional primera. Conceptos y denominaciones
utilizados en este Real Decreto.
1. Los conceptos utilizados en este Real Decreto se
entenderán en el sentido expuesto en el Glosario incluido
como anexo al mismo, sin perjuicio de la posible utilización
de otras denominaciones o acepciones en la normativa
de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla.
2. A los efectos de los convenios de colaboración
que celebre el Ministerio de Vivienda con las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución
de este Plan, se entenderán financiables las actuaciones
protegidas que cumplan todas las condiciones y
requisitos para ellas previstas en este Real Decreto, con
independencia de la denominación que reciban en la normativa
autonómica.
Disposición adicional segunda. Cuantía del Módulo
Básico Estatal.
La cuantía del MBE se fija en 758 euros por metro cuadrado
de superficie útil, hasta que el Consejo de Ministros
acuerde actualizarlo de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 9.
Disposición adicional tercera. Subvenciones a la vivienda
de protección oficial de promoción pública.
El Ministerio de Vivienda continuará satisfaciendo,
con cargo a sus presupuestos, una subvención personal y
especial a los compradores en primera transmisión de
viviendas de protección oficial de promoción pública,
vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de
pago establecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre, y disposiciones complementarias, así como
en las normas de las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla, siempre que el aplazamiento suponga
al menos el 80 por ciento del pago total a efectuar por la
vivienda. El importe de la subvención coincidirá con el
que resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo
del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la
transmisión de estas viviendas o, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de las de ciudades de
Ceuta y Melilla, el tipo impositivo de los Impuestos que se
aplican en lugar de aquél.
Disposición adicional cuarta. Aranceles notariales y
registrales a aplicar en las transmisiones de viviendas
protegidas.
1. Los honorarios de notarios y registradores de la
propiedad relativos a todos los actos o negocios jurídicos
necesarios para que las viviendas de protección oficial o
declaradas protegidas queden disponibles para su primera
transmisión o adjudicación, así como los relativos a los
préstamos hipotecarios correspondientes a dichas viviendas,
que hayan obtenido el carácter de convenidos en el
ámbito de este Real Decreto, tendrán la reducción establecida
en el artículo 8 de la Ley 41/1980, de 5 de julio, modificado
por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.
La primera transmisión o adjudicación, así como, en
su caso, la subrogación en el préstamo hipotecario cualificado,
de cada una de dichas viviendas, gozará de la
mencionada reducción de los derechos de matriz, primera
copia e inscripción; y, tratándose de viviendas cuya
superficie útil no exceda de 90 metros cuadrados, tendrán
los derechos arancelarios que se indican en los apartados
2 y 3.
2. Los derechos arancelarios de los Notarios aplicables
a la primera transmisión o adjudicación de dichas
viviendas serán, por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación de la vivienda:
60,047119 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y
registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u
otros anejos, la cantidad señalada se incrementará, por
todos los conceptos, en los siguientes importes: 9,015182
y 6,010121 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real en el mismo
acto de la primera transmisión o adjudicación para asegurar
el precio aplazado, la cantidad señalada se incrementará,
por todos los conceptos, en el siguiente importe:
30,020555 euros.
3. Los derechos arancelarios de los Registradores
aplicables a la primera transmisión o adjudicación de las
referidas viviendas serán, por todos los conceptos, los
siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación: 24,016444
euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y
registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u
otros anejos, la cantidad señalada se incrementará, por
todos los conceptos, en los siguientes importes: 6,010121
y 3,005061 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real, la cantidad
señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el
siguiente importe: 12,008222 euros.
4. Para gozar de las bonificaciones correspondientes
a la primera transmisión o adjudicación, así como, en
su caso, a la subrogación en el préstamo hipotecario cualificado,
se precisará que sea la única vivienda del comprador,
salvo que hayan sido privados de su uso por causas
no imputables a los interesados, y se destine a su
residencia habitual y permanente.
5. Los beneficios a que se refiere esta disposición
adicional se entienden sin perjuicio de los que fueran más
favorables, en función de la legislación a cuyo tenor se
obtuvo la calificación de las viviendas.
Disposición adicional quinta. Subvenciones de planes
estatales de vivienda.
A efectos de lo dispuesto en la regla quinta del
artícu-lo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, se entenderá que tienen el
mismo destino específico todos los fondos para subvenciones
vinculadas a planes estatales de vivienda, remiti51932
Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
dos a las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla y que se encuentren en poder de las mismas.
Disposición adicional sexta. Base de datos de actuaciones
protegidas.
El Ministerio de Vivienda, mediante orden, establecerá
una Base de Datos de Actuaciones Protegidas acogidas
a este Plan, en la que se incluirán, al menos, los promotores
de las viviendas protegidas y los beneficiarios de
las ayudas financieras desagregados por modalidades de
actuaciones protegidas, con el objeto de hacer posible el
seguimiento y control del Plan y como fuente de información
agregada de las actuaciones que se desarrollan para
su ejecución en el conjunto del Estado. El suministro de
datos a la base se sujetará a lo que se acuerde con las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
mediante convenios de colaboración.
Disposición adicional séptima. Viviendas de protección
oficial de Régimen Especial.
1. A los efectos establecidos en el artículo 91.dos.1.6.º
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, o de los impuestos que se aplican en
lugar de aquél, en el caso de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se incluyen
bajo la denominación de viviendas de protección oficial
de régimen especial, las viviendas de nueva construcción,
o procedentes de la rehabilitación, así calificadas y destinadas
exclusivamente a familias o personas cuyos ingresos
familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM siempre
que su precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil no exceda de 1,50 veces el MBE.
2. Se considerarán asimismo viviendas de protección
oficial de Régimen Especial, a los efectos de la Ley
mencionada en el apartado anterior, las viviendas calificadas,
en el marco de este Real Decreto, como protegidas
para venta de régimen especial, y las protegidas para
arrendamiento, de régimen especial y general.
Disposición transitoria primera. Medidas para hacer
frente a la coyuntura económica del sector.
1. Hasta el día de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de una orden del Ministerio de Vivienda por la
que se disponga la aplicación del nuevo sistema de financiación
establecido en este Real Decreto y se deje sin
efectos lo dispuesto en este apartado, se podrán seguir
realizando las siguientes actuaciones:
a) Conceder ayudas financieras a actuaciones de
promoción de viviendas protegidas, adquisición de las
mismas y de otras viviendas existentes, que hayan obtenido
los préstamos a que se refiere la letra b) de este
apartado; urbanización de suelo, salvo en el caso previsto
en la letra c), y subvenciones a inquilinos y para actuaciones
de rehabilitación aislada de edificios y viviendas. Las
actuaciones deberán haber sido calificadas o visadas, o el
derecho a las subvenciones deberá haber sido reconocido,
según sea el caso, por las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, del Plan
Estatal de Vivienda 2005-2008, modificado por el Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero. El número de actuaciones
protegidas financiadas no podrá exceder el 30 por
ciento de las cifras de objetivos convenidos, en estas
líneas, de los Programas 2007 y 2008 de dicho Plan, salvo
las actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios
de viviendas existentes con ayudas RENOVE, cuyo límite
será el número máximo de actuaciones a financiar previsto
por el Plan para el año 2009.
b) Conceder préstamos convenidos a promotores y
préstamos directos a adquirentes, de conformidad con el
citado Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, modificado
por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, salvo por lo
que se refiere al tipo de interés efectivo aplicable, que se
regirá por lo establecido al efecto en este Real Decreto. El
plazo máximo para solicitar las ayudas económicas directas
condicionadas a la previa obtención de dichos préstamos,
siempre que los mismos hayan obtenido la conformidad
del Ministerio de Vivienda, finalizará el 31 de
diciembre del año 2012.
c) Suscribir acuerdos en las comisiones bilaterales
de seguimiento, correspondientes a áreas de rehabilitación
integral, áreas de renovación urbana y áreas de urbanización
prioritaria de suelo, siempre que el número de
actuaciones protegidas financiadas no supere el 30 por
ciento de las cifras de objetivos convenidos, en estas
líneas, de los Programas 2007 y 2008 del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008.
Las cuantías de las ayudas financieras para las actuaciones
a las que se refiere este apartado serán las establecidas
en este Real Decreto desde el momento de la
entrada en vigor de la normativa de desarrollo de la
Comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla que
se precise para su aplicación.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2009, período prorrogable
mediante acuerdo del Consejo de Ministros:
a) Los promotores de viviendas libres que hubieran
obtenido una licencia de obras previa al 1 de septiembre
de 2008, podrán solicitar su calificación como viviendas
protegidas, para venta o alquiler, si éstas cumplen las
características exigidas por la normativa de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en desarrollo
del Plan Estatal bajo cuya vigencia se haya obtenido
la licencia, en cuanto a los máximos referentes a superficies,
precios por metro cuadrado útil, niveles de ingresos
de los adquirentes y plazos mínimos de protección. Si son
calificadas por las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla como viviendas protegidas en alquiler,
a 10 ó a 25 años, podrán obtener las subvenciones correspondientes
a la promoción de vivienda protegida de
nueva construcción de esa naturaleza. Y, si obtuvieran
préstamo convenido, será subsidiado en las mismas condiciones.
b) Sin perjuicio de lo establecido en la letra d) del
apartado 1 del artículo 3 de este Real Decreto, podrán
adquirir viviendas protegidas calificadas como de régimen
concertado aquellos adquirentes con ingresos familiares
que no excedan de 7 veces el IPREM.
c) No será aplicable el período mínimo de un año a
partir de la expedición de la licencia de primera ocupación,
el certificado final de obras o la cédula de habitabilidad,
según corresponda, para considerar como adquisición
de vivienda usada, a efectos de las ayudas al
adquiriente, la de una vivienda libre, cuando dichos actos
o documentos hubieran sido emitidos con anterioridad al
día de publicación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial
del Estado» y la vivienda cumpla las características a
que se refiere la letra a) de este apartado, salvo la de plazos
mínimos de protección, así como el plazo de limitación
de precios máximos de venta establecido en el apartado
2 del artículo 6.
d) Las viviendas a que se refiere la letra anterior
podrán ser adquiridas mediante una forma de acceso
diferido a la propiedad, en un plazo máximo de 5 años,
durante el cual el vendedor de la vivienda podrá cobrar
una renta del 5,5 por ciento del precio máximo de una
vivienda protegida de precio concertado, calificada como
tal en la misma ubicación y el mismo día en que se vise el
contrato de compraventa. El precio máximo de venta de
la vivienda, transcurrido el período de 5 años, será de 1,18
veces el citado precio máximo tomado como referencia
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51933
para el cálculo de la renta máxima. Al menos el 30 por
ciento de los alquileres satisfechos se descontarán, sin
actualizaciones, del precio a hacer efectivo en el momento
de la compra de la vivienda.
e) Las cuantías de las subvenciones a la promoción
de viviendas protegidas para arrendamiento, así como las
correspondientes a áreas de urbanización prioritaria
(AUP) que obtengan préstamo convenido con la conformidad
del Ministerio de Vivienda, y se acuerden en dicho
plazo, se incrementarán en un 20 por ciento.
f) El período de tres anualidades antes de poder
proceder a una interrupción del período de amortización,
a que se refiere el apartado 5 del artículo 42, se reducirá a
una anualidad para aquellos préstamos directos concedidos
durante 2009 con la conformidad del Ministerio de
Vivienda, así como para los prestatarios subrogados en
préstamos concedidos, con la misma conformidad, a promotores
de viviendas protegidas para venta durante el
mismo año.
3. Si fuera necesario, a los efectos de los apartados
anteriores, el Ministerio de Vivienda podrá ampliar las
cifras máximas de préstamos convenidos a conceder por
las entidades de crédito colaboradoras, establecidas para
los Programas 2007 y 2008 del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008, sin superar, junto con los préstamos convenidos
concedidos en el resto del Plan, el máximo global
autorizado por el Consejo de Ministros en el apartado tercero
de su Acuerdo de 29 de julio de 2005.
4. Las actuaciones protegidas que se acojan a lo
establecido en esta disposición transitoria se computarán
como parte de los objetivos que se acuerden en el Programa
2009 del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 en los convenios de colaboración establecidos
entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla.
Disposición transitoria segunda. Ámbitos territoriales
de precio máximo superior.
Con independencia de lo que establecen el apartado 2
del artículo 11 y la disposición transitoria primera de este
Real Decreto y hasta tanto las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla no establezcan los precios
máximos de las actuaciones protegidas, según su propia
normativa y de conformidad con lo establecido en este
Real Decreto, seguirán teniendo la consideración de
ATPMS los así declarados en el marco del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008.
Disposición transitoria tercera. Inclusión en el Plan de
actuaciones calificadas a las que no se haya concedido
préstamo convenido.
1. Las actuaciones calificadas provisionalmente
como protegidas, que no hubieran obtenido préstamo
convenido con anterioridad a la fecha en que se publique
en el «Boletín Oficial del Estado» la orden a que se refiere
el apartado 1 de la disposición transitoria primera, podrán
acogerse a este Real Decreto durante el año 2009, siempre
que sus características se adecuen a las establecidas
en el mismo, mediante la oportuna diligencia, en su caso,
por parte de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla. En dicha diligencia se expresarán tanto
las modalidades y cuantías de ayudas financieras a las
que se reconozca el derecho en cada caso como la conversión
de los ingresos declarados, cuando ello proceda, a
número de veces el IPREM del año al que se refieren
dichos ingresos.
2. Las actuaciones protegidas que se acojan a lo
dispuesto en el apartado anterior, se computarán como
parte de los objetivos acordados entre el Ministerio de
Vivienda y la comunidad autónoma correspondiente o las
ciudades de Ceuta y Melilla, en el programa anual en el
que obtengan préstamo cualificado, dentro del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Disposición transitoria cuarta. Ayudas financieras para
actuaciones derivadas de planes y programas anteriores.
1. A partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto, y sin perjuicio de lo establecido en las restantes
disposiciones transitorias, el Ministerio de Vivienda no
dará conformidad a concesiones de préstamos convenidos,
ni admitirá ninguna propuesta o reconocimiento de
nuevos derechos a ayudas económicas directas, en aplicación
de planes y programas anteriores de vivienda,
salvo cuando se haga en cumplimiento de plazos temporales
concretos establecidos en la normativa reguladora
de dichos planes y programas.
2. La concesión y los beneficios de todos los préstamos
directos a adquirentes de viviendas protegidas cuya
promoción esté acogida a normativas anteriores, que se
otorguen entre la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la orden ministerial a que se refiere el
apartado 1 de la disposición transitoria primera y el 31 de
diciembre del año 2012, se ajustarán a lo establecido en
este Real Decreto.
Disposición transitoria quinta. Límites temporales a la
concesión de ayudas financieras.
1. Con posterioridad al 31 de diciembre del año
2012, no podrán concederse préstamos a promotores ni
préstamos convenidos directos a adquirentes al amparo
de este Real Decreto.
2. Las ayudas económicas directas condicionadas a
la previa obtención de préstamo convenido, sólo podrán
reconocerse respecto de las actuaciones protegidas reguladas
en este Real Decreto que hubieran obtenido préstamo
convenido hasta el 31 de diciembre del año 2012,
siempre que el Ministerio de Vivienda preste su conformidad
al mismo. El plazo máximo para solicitar dichas ayudas
económicas directas finalizará el 31 de diciembre del
año 2016, y podrán ser reconocidas, en su caso, siempre
que se refieran a actuaciones que no excedan de la cifra
máxima de objetivos acordados para el programa anual
correspondiente del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.
3. Las subvenciones no condicionadas a la previa
obtención de préstamo cualificado, podrán reconocerse,
en su caso, si hubieran sido solicitadas hasta el 31 de
diciembre del año 2012, siempre que el número de subvenciones
reconocidas no exceda de la cifra máxima de
objetivos acordados para el programa anual correspondiente
del Plan.
4. En el caso de las viviendas protegidas de nueva
construcción promovidas sobre suelos cuya financiación
haya sido calificada como actuación protegida al amparo
de la normativa del Plan, deberán ser, necesariamente,
incluidas por las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, mediante la correspondiente reserva y
con prioridad a otras actuaciones protegidas, entre los
objetivos susceptibles de ayudas financieras del Plan, en
su caso, que correspondan a dichas Comunidades y Ciudades
en el año en que, según la memoria técnico-financiera,
esté prevista la calificación definitiva de las viviendas
como protegidas.
Las cuantías y condiciones de los préstamos convenidos
para la financiación de estas viviendas, así como
las ayudas financieras que, en su caso, correspondan, se
regirán por la normativa del Plan regulado por este Real
Decreto.
51934 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
Disposición transitoria sexta. Registros públicos de
demandantes.
Los registros públicos de demandantes a los que se
refiere este Real Decreto deberán estar en funcionamiento
en el plazo de un año desde la publicación de
aquél en el «Boletín Oficial del Estado». Hasta ese
momento, la venta y adjudicación de las viviendas en
primera y posteriores transmisiones se regulará por lo
que disponga la normativa propia de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que, en todo
caso, deberá garantizar los principios de igualdad, publicidad
y concurrencia e impedir el fraude en las primeras
y posteriores transmisiones.
Disposición transitoria séptima. Período de carencia
para promotores del Plan de Vivienda 2002-2005.
1. Los promotores de viviendas protegidas de
nueva construcción acogidas al Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, regulador del Plan Estatal de Vivienda y
Suelo 2002-2005, podrán solicitar al órgano competente
de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, en los seis primeros meses desde el día siguiente
al de publicación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial
del Estado», una ampliación del período de carencia
de sus préstamos convenidos, hasta totalizar un máximo
de 4 años, siempre que la entidad de crédito esté de
acuerdo.
2. En el caso de promotores de viviendas protegidas
para arrendamiento, el período ampliado por encima
del máximo establecido para el período de carencia en el
mencionado Real Decreto no dará lugar a subsidiación
del préstamo.
Disposición transitoria octava. Consejo del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación.
Mientras no se proceda a su modificación o derogación
por otra posterior, la composición y funcionamiento
del Consejo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
se regirá por la Orden VIV/2668/2006, de 27 de julio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedarán
derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio
de lo previsto en las disposiciones transitorias de
este Real Decreto, y de los efectos de las situaciones
creadas al amparo de las mismas:
a) El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que
se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.
b) El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el
que se modifica dicho Real Decreto.
c) Y cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en el mismo.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este Real Decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución española,
que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica, excepto el artículo 7 y la
disposición adicional cuarta, que se dictan al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva de ordenación
de los registros e instrumentos públicos.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se faculta a los titulares de los Ministerios de Vivienda,
de Economía y Hacienda y de Justicia, para dictar, en el
ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones
se precisen para el desarrollo y ejecución de este
Real Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si
bien las ayudas financieras establecidas en el mismo surtirán
efectos a partir del 1 de enero de 2009 en la forma
prevista en las disposiciones transitorias.
Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
BEATRIZ CORREDOR SIERRA
ANEXO
Glosario de conceptos utilizados en este Real Decreto
Adquirentes de viviendas.
Se entienden como adquirentes de viviendas:
a) Las personas físicas o jurídicas que compran las
viviendas.
b) Los adjudicatarios miembros de cooperativas o
de comunidades de propietarios, a partir del momento en
que se les adjudica la propiedad de una vivienda individualizada.
c) Quienes acceden a la propiedad de la vivienda a
través del alquiler con opción a compra, a partir del
momento en que ejercen dicha opción.
d) Los promotores individuales de viviendas protegidas
de nueva construcción para uso propio, a partir del
momento de la obtención de la calificación definitiva de
su vivienda.
Adquisición protegida de viviendas usadas.
Véase «Viviendas usadas».
AEDE
La ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) consiste
en el abono, en pago único, de una cantidad fija en euros
determinada por el nivel de ingresos y otras circunstancias
personales y familiares del solicitante, destinada a
facilitar el pago de la entrada o parte no cubierta por el
préstamo convenido, correspondiente al precio de venta
o adjudicación de la vivienda, o de la suma de los valores
de la edificación y del suelo, en caso del promotor para
uso propio.
Alquiler con opción de compra.
Forma de acceso a la vivienda protegida por la cual se
ocupa en arrendamiento durante un determinado período
que puede dar paso, si se ejerce la opción de compra, a la
adquisición de la vivienda.
Ámbitos territoriales de precio máximo superior
(ATPMS).
Agrupaciones de municipios, municipios o ámbitos
intraurbanos en los que, debido a las tensiones de precios
de la vivienda libre o a otras circunstancias justificadas,
se admite la posibilidad de que los precios máximos de
las viviendas protegidas, y de las usadas adquiridas en
marco de este Real Decreto, se incrementen por encima
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51935
de lo que correspondería según las reglas generales de
fijación de precios máximos.
Arrendamiento (viviendas en).
Véase: «Viviendas en arrendamiento».
Ayuda estatal directa a la entrada.
Véase «AEDE».
Ayudas económicas estatales directas.
Véase «Ayudas financieras» y «Financiación de actuaciones
protegidas».
Ayudas financieras.
Son las ayudas económicas estatales directas,
mediante la aportación de recursos presupuestarios estatales,
en forma de subsidios de préstamos, subvenciones
y ayudas para facilitar el pago de la parte no financiada
con préstamo del precio de la vivienda.
Las ayudas previstas en este Real Decreto son independientes
de los beneficios fiscales que pudieran corresponder
a los destinatarios de aquéllas.
Véase, además: «Financiación de actuaciones protegidas
».
Calificación de una vivienda o actuación como protegida.
Es el acto administrativo emanado del órgano competente
de las Comunidades autónomas o de las ciudades
de Ceuta y Melilla en virtud del cual se declara la protección
de las viviendas o actuaciones reguladas en este Real
Decreto.
La calificación puede ser provisional o definitiva.
Comisión multilateral de vivienda.
Órgano colegiado preparatorio de las reuniones de la
Conferencia Sectorial de Vivienda, que realiza funciones
de seguimiento del Plan, y está constituido por los Directores
Generales responsables de la gestión de los planes
de vivienda de cada una de las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla que suscriban convenio
para el Plan con el Ministerio de Vivienda, bajo la presidencia
del titular de la Secretaría General de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, o, mediante delegación, por el
titular de la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda, de dicho Ministerio.
Comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
Son las comisiones de seguimiento que se celebran
entre el Ministerio de Vivienda y cada una de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que participen
en el Plan, en el marco de los convenios de colaboración
suscritos por ambas partes en el marco de dicho
Plan.
Conferencia Sectorial de Vivienda.
Las conferencias sectoriales vienen definidas y reguladas
por el artículo 5, apartados 3, 4 y 5, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
consisten en órganos de cooperación de composición
multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros
del Gobierno, en representación de la Administración
General del Estado, y a miembros del Consejo de
Gobierno, en representación de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas. Cada Conferencia Sectorial
establecerá su propio régimen en el correspondiente
acuerdo de institucionalización y en su reglamento
interno.
Consejo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
Órgano de seguimiento del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, constituido por representantes
de las Administraciones Públicas y de los principales
agentes económicos y sociales relacionados con el Plan,
con la finalidad de garantizar la participación social
durante la vigencia del Plan, bajo la presidencia del Titular
del Ministerio de Vivienda, y cuya composición y normas
de funcionamiento se establecerán mediante orden
ministerial.
Declaración de una vivienda o actuación como protegida.
Véase: «Calificación de una vivienda…».
Derecho a protección preferente.
Véase «Protección preferente».
EC, EECC.
Entidad o entidades de crédito, colaboradoras del
Ministerio de Vivienda que, mediante convenio, contribuyen
a la financiación de las actuaciones protegidas del
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Ejes básicos y programas del Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012.
Los ejes básicos son las principales líneas de actuación
del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en
torno a las cuales se establecen programas más concretos
de actuación.
Hay seis ejes básicos y doce programas, que se enumeran
en el artículo 21 de este Real Decreto.
Familia.
La unidad familiar tal y como resulta definida por las
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Las referencias a la unidad familiar a efectos de ingresos
se hacen extensivas a las personas que no estén integradas
en una unidad familiar, así como a las parejas de
hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida
al respecto.
Se entiende por familia monoparental la constituida
por el padre o la madre y el o los hijos.
Familias numerosas.
Las así consideradas por la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de protección a las familias numerosas, desarrollada
por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre,
y por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas
en materia de seguridad social, que también considera
familia numerosa a aquella compuesta por el padre o la
madre, con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.
Financiación de actuaciones protegidas.
Podrá adoptar las modalidades siguientes:
a) Préstamos convenidos: Son aquellos concedidos
por las entidades de crédito públicas y privadas, en el
ámbito de los convenios de colaboración suscritos entre
el Ministerio de Vivienda y las referidas entidades.
b) Ayudas financieras, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, que pueden ser:
1.º Subsidiación de los préstamos convenidos.
2.º Subvenciones.
3.º Otras ayudas económicas directas destinadas a
facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a la
vivienda en propiedad.
Grandes dependientes.
Las personas así calificadas en aplicación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).
51936 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309
Es el indicador definido en el Real Decreto-Ley 3/2004,
de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del
salario mínimo interprofesional y para el incremento de
su cuantía, que se considera unidad de medida para la
determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en
su cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.
El IPREM del año 2007, aplicable para el cálculo de los
ingresos familiares según el procedimiento establecido en
el artículo 4 de este Real Decreto, desde el 1 de julio de
2008 hasta el 30 de junio de 2009 (final del período de
declaración del ejercicio 2008 a efectos del IRPF) es de
una cuantía anual de 6.988,80 euros, por lo que los
siguientes tramos de número de veces dicho indicador
suponen los ingresos familiares anuales que se indican:
Número de veces el IPREM Euros
1,5 10.483,2
2,5 17.472
3,5 24.460,8
4,5 31.449,6
5,5 38.438,4
6,5 45.427,2
Información al ciudadano.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
incluye una serie de ayudas destinadas a apoyar la creación
y mantenimiento de diversos instrumentos destinados a
informar al ciudadano de las actuaciones del Plan. Así:
a) Ventanillas únicas, en las que se informará de las
ayudas disponibles, tanto del Plan estatal como las en su
caso ofrecidas por otras Administraciones y organismos
públicos.
b) Programas de difusión del Plan.
c) Manual de imagen corporativa, la aplicación de
cuyas pautas facilitará al ciudadano la identificación de
aquellas actuaciones protegidas financiadas por el plan
estatal.
Ingresos familiares.
Es el montante de ingresos que se toma como referencia
para poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas
del Plan y para determinar su cuantía.
Los ingresos familiares se referirán a la unidad familiar
tal y como resulta definida por las normas reguladoras
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se
hacen extensivas a las personas que no estén integradas en
una unidad familiar, así como a las parejas de hecho reconocidas
legalmente según la normativa establecida al respecto.
IPC.
Índice Nacional General del Sistema de Índices de
Precios al Consumo.
IPREM.
Véase: «Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
».
Objetivos y su consecución o logro.
1. Objetivos.–El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 cifra sus objetivos en términos de
número de viviendas a financiar, en las diferentes líneas
de actuaciones protegidas. A su vez, cada una de estas
viviendas corresponde a una persona o familia, al menos,
que se verá beneficiada directa o indirectamente. Hay que
distinguir entre:
Objetivos convenidos entre el Ministerio de Vivienda y
cada una de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla que participan en el Plan. La cifra inicial de
objetivos convenidos puede ser superada a lo largo del
Plan, cuando el elevado cumplimiento por parte de la
comunidad o ciudad le permita acceder a la reserva de
eficacia, no convenida individualizadamente con dichas
comunidades y Ciudades.
Objetivos calificados, primer paso administrativo a
efectos de la posibilidad de su financiación, a cargo de la
gestión de la Comunidad autónoma o ciudad (véase
«Calificación…»).
Objetivos alcanzados o financiados: Véase el apartado 2
siguiente.
2. Cumplimiento o consecución de un objetivo.–Se
entiende por cumplimiento o consecución de un objetivo,
en una determinada línea de actuación protegida del Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la financiación
de ese objetivo según las modalidades admitidas
en dicho Plan: Concesión de préstamo convenido (con o
sin subsidiación y AEDE) o subvención estatal (si es ésta
la única posibilidad de financiación de dicha actuación,
según el Plan).
A su vez, se entiende por objetivo financiado:
En promociones de vivienda protegida de nueva construcción
(para venta o alquiler) y adquisición protegida de
vivienda usada: La concesión de préstamo convenido por
parte de una entidad de crédito colaboradora, con la conformidad
del Ministerio de Vivienda, antes incluso de su
formalización, y traducido ese objetivo financiado en el
número de viviendas a las que el préstamo se refiere.
En actuaciones protegidas financiadas únicamente
con subvención (ayudas a inquilinos, ayudas RENOVE
para actuaciones de rehabilitación y ayudas para erradicación
del chabolismo): el reconocimiento del derecho a
la misma por parte de las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.
En las áreas de rehabilitación integral y renovación
urbana y en las de urbanización prioritaria de suelo: la
suscripción del preceptivo acuerdo tripartito (Ministerio
de Vivienda, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento), en
el marco de una comisión bilateral de seguimiento.
Opción de compra.
Véase «Alquiler con opción de compra».
Otras viviendas existentes.
Véase «Viviendas usadas».
Personas con discapacidad.
Se entiende por personas con discapacidad, las referidas
en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Precio máximo de referencia.
Precio máximo establecido con carácter teórico para
las viviendas protegidas destinadas a arrendamiento, que
sirve como referencia para la fijación, a partir del mismo,
de las rentas máximas a aplicar y, en su caso, para determinar
los precios máximos de venta de estas viviendas,
una vez dejen de estar en arrendamiento, durante el plazo
en el que sigan siendo protegidas.
Cuando se utiliza la locución «precio máximo total de
referencia» se incluye, a efectos de fijar ese precio
máximo, a los anejos autorizados.
Préstamos convenidos.
Son los préstamos concedidos por las entidades de
crédito colaboradoras del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012, a adquirentes y promotores de actuaciones
protegidas, según las condiciones establecidas en
BOE núm. 309 Miércoles 24 diciembre 2008 51937
este Real Decreto, por ejemplo, respecto a tipos de interés
máximos, ausencia de comisiones, etc.
Primer acceso a la vivienda.
Las personas que solicitan su primer acceso a la
vivienda, es decir, que nunca han tenido acceso a la titularidad
de una vivienda, sea en alquiler o en propiedad,
constituyen uno de los grupos que se consideran con
derecho a protección preferente.
Programas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.
Conjuntos de actuaciones protegidas y su financiación
tendentes al logro de alguno de los ejes básicos del Plan.
A cada programa le corresponden determinadas cifras
de objetivos a alcanzar, en número de viviendas, en cada
uno de los cuatro años en los que se desarrolla el Plan.
El artículo 21 de este Real Decreto incluye una relación
detallada de ejes básicos y programas.
Promotores.
Son promotores las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que, individual o colectivamente, impulsen,
programen y financien con recursos propios o ajenos
la ejecución de las actuaciones protegidas en el ámbito y
bajo las condiciones de este Real Decreto. Asimismo, se
entenderán por tales, los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción para uso propio, ya se trate
de personas físicas individualmente consideradas, hasta
el momento de la obtención de la calificación definitiva de
su vivienda, o agrupadas en cooperativas o comunidades
de propietarios, así como los promotores de rehabilitación
de edificios y viviendas, ya se trate de sus propietarios
o de sus inquilinos cuando, conforme a la legislación
aplicable, puedan éstos últimos realizar las obras protegidas.
En áreas de rehabilitación integral y de renovación
urbana y en el programa de ayudas para la erradicación
del chabolismo, puede considerarse promotor al ente gestor
que centralice y coordine las actuaciones protegidas.
Protección preferente.
En este Real Decreto, el derecho a protección preferente
se concreta en:
Mayor intensidad de ciertas ayudas estatales. Por
ejemplo, la AEDE, incrementada cuando se trata de los
grupos de ciudadanos así calificados.
Excepciones o suavización de ciertos requisitos de
carácter general. Por ejemplo, al establecer el porcentaje
máximo del valor del patrimonio inmobiliario cuando se
demanda vivienda en propiedad.
Prioridad a la hora de asignar ayudas cuyo número
está limitado por las cifras de objetivos convenidos entre
el Ministerio de Vivienda y cada Comunidad autónoma y
ciudades de Ceuta y Melilla, que será la responsable de
llevar a la práctica esta prioridad.
Registros públicos de demandantes.
Sistemas de inscripción obligatoria de los demandantes
de viviendas acogidas a este Real Decreto, sea en
propiedad o en alquiler, que garanticen la adjudicación de
las viviendas protegidas según los principios de igualdad,
concurrencia y publicidad, bajo control de la administración
pública.
Véase además, al respecto, la Disposición transitoria
sexta.
Subsidiación de préstamos convenidos.
Ayuda financiera estatal destinada a facilitar al prestatario
el pago de la amortización del préstamo y sus intereses
(o sólo intereses, en el período de carencia), y que
consiste en el abono a ésta última, por parte del Ministerio
de Vivienda, de una cuantía fija, que se descontará de
los pagos que la entidad facture al prestatario.
Ventanilla única.
Véase «Información al ciudadano».
Viviendas existentes.
Véase «Viviendas usadas».
Viviendas protegidas.
Son las calificadas como viviendas de protección oficial
o, más en general, como viviendas protegidas, por el
órgano competente de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, que cumplan los requisitos
establecidos en este Real Decreto.
Las viviendas protegidas podrán destinarse a la venta
o al arrendamiento y han de constituir el domicilio o residencia
habitual y permanente de sus ocupantes, salvo en
aquellos supuestos que determine expresamente este
Real Decreto.
Con independencia de otras posibles denominaciones
por parte de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla en cumplimiento de su normativa propia,
las viviendas protegidas de nueva construcción, para
venta o arrendamiento, podrán calificarse o declararse, a
efectos de las condiciones y ayudas de este Real Decreto,
como viviendas de protección oficial (VPO) de régimen
especial, viviendas protegidas de régimen general y concertado.
Viviendas usadas.
Son las viviendas libres cuya adquisición a título oneroso,
en segunda o posterior transmisión, se considera
protegida si se cumplen determinadas condiciones establecidas
en este Real Decreto, y cuyo precio de venta, en
siguientes transmisiones, está limitado durante los plazos
establecidos en el mismo.
Podrán obtener las mismas ayudas financieras que las
viviendas usadas a que se refiere el párrafo anterior, las
siguientes modalidades de viviendas:
a) Viviendas sujetas a regímenes de protección
pública, adquiridas en segunda o posterior transmisión.
A estos efectos, se considerarán asimismo segundas
transmisiones, las que tengan por objeto viviendas protegidas
que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento.
b) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas
cuando haya transcurrido un plazo de un año como
mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación,
el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad,
según proceda, y la fecha del contrato de opción de
compra o de compraventa.
c) Viviendas rurales usadas, en las condiciones que
determinen las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
d) Viviendas libres a las que se refiere la disposición
transitoria primera, 2.c).
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
20752 LEY 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas
tributarias y financieras de impulso a la actividad
económica de Andalucía, y de agilización
de procedimientos administrativos.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento
de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y...
 

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